Los gigantes del agronegocio insisten que la nación latinoamericana no tiene la capacidad para eliminar el glifosato, uno de los plaguicidas considerados altamente peligrosos por tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano: el Protocolo de Montreal (1987) y las Convenciones de Róterdam (1998) y Estocolmo (2001).
En contraste, funcionarios del Gobierno del presidente López Obrador aseguran que México ha podido salir avante a pesar de las presiones de la industria de agroquímicos. Las cifras de la producción de los últimos dos años —cuando comenzó a reducirse el uso de este herbicida—así lo revelan.
En el tránsito hacia una agricultura sustentable, los bioinsumos jugarán un papel clave. El desafío no es solo conseguir que sean regulados, sino incentivar su uso entre pequeños, medianos y grandes productores de todas las regiones de México.
Oposición de la industria agroquímica
Desde hace varias semanas, en las Comisiones del Senado se discute la necesidad de regular los bioinsumos, un conjunto de compuestos orgánicos de uso alternativo a los agrotóxicos.
La propuesta, impulsada principalmente por Ana Lilia Rivera, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es que se establezca un marco jurídico como parte de la Ley General de Salud para que, de esta forma, las dependencias del Gobierno puedan promover su uso.
Entre las ventajas de los bioinsumos destacan su capacidad para reducir los costos de producción, así como aumentar los rendimientos por hectárea. Existe una amplia variedad de bioinsumos que ya se utilizan en México: compostas, lixiviados, caldos sulfocalcicos y trampas de melaza, entre otros.
En contraste con los agrotóxicos, los bioinsumos favorecen suelos más saludables, dado que incrementan la materia orgánica y proveen una mayor diversidad de microorganismos para los cultivos.
Desde diciembre de 2020, sin embargo, cuando el presidente López Obrador emitió un decreto para limitar el uso de glifosato de forma gradual y progresiva, el Gobierno se ha topado con la oposición del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que ahora busca sabotear las reformas que se discuten en el Congreso.
Los representantes del CNA, una organización que a su vez forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, desde un principio señalaron que reducir el uso del herbicida bajo el argumento de que constituye un daño a la salud no se sostiene.
Aseguran que no hay pruebas suficientes de los daños sobre la salud y el medio ambiente. Lo de ser una causa de cáncer, puntualizan, es solo una posibilidad, no un hecho confirmado. “No hay pruebas científicas, la prohibición (del glifosato) es por ideología”, sentencian.
En 2019, el Departamento de Salud de EE.UU. concluyó que el uso de glifosato, además de ser causa de cáncer, provoca retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales y daños a los riñones.
No obstante, a contrapelo de las declaraciones de los representantes de este Consejo, existe una amplia bibliografía científica que comprueba los graves daños a la salud humana y la Naturaleza.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un organismo autónomo del Gobierno de México, ha documentado los daños provocados por el glifosato a través de un compilado de más de 250 referencias.
De acuerdo con uno de estos artículos, EE.UU., el país de donde México importa buena parte de este agrotóxico, ha resultado uno de los más afectados.
En un estudio elaborado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), publicado este año, se estima que por lo menos 8 de cada 10 estadounidenses registran glifosato en su orina.
La lista de agravios es larga y el propio Gobierno norteamericano así lo reconoce. En 2019, el Departamento de Salud de EE.UU. concluyó que el uso de glifosato, además de ser causa de cáncer, provoca retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales y daños a los riñones.
Lo documentado en México no es distinto. También en 2019, en un estudio a cargo de investigadores de la Universidad de Guadalajara se comprobó que niños y adolescentes de comunidades rurales del estado de Jalisco registraban residuos de entre 2 y hasta 12 agrotóxicos diferentes.
A pesar de esta evidencia científica, el CNA insiste que la erradicación del glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos podría poner en un serio predicamento el abasto de alimentos.
Según las proyecciones de este Consejo, México podría ver comprometida su producción agrícola hasta en un 40% y reducir su productividad en una tercera parte. Sin embargo, a dos años de que entró en vigor el decreto presidencial, la producción agrícola no se ha desplomado.
En parte por las acciones tomadas por el Gobierno, pero en parte también por las comunidades campesinas y pequeños productores que, fieles a su tradición y vocación productivas, practican una agricultura libre de sustancias tóxicas que ha sido capaz de garantizar el suministro de alimentos.
‘Revolución agroecológica’: la apuesta del Gobierno
Durante los últimos dos años el Gobierno de México se ha dedicado a explorar alternativas a los plaguicidas altamente peligrosos, asegura Víctor Suárez Carrera en entrevista exclusiva con RT, titular de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria.
“La gran industria solo ve la rentabilidad y los negocios, no le importan las consecuencias negativas para la salud y la diversidad biológica, tampoco la generación de gases de efecto invernadero”.
Las estrategias para la sustitución de agrotóxicos se desarrollan a través de dependencias gubernamentales y organismos autónomos, entre ellos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Explica que son tres las acciones para incentivar el uso de bioinsumos.
De acuerdo con información oficial, en las 14.800 fábricas que se habían instalado hasta diciembre del año pasado, se produjeron 4,5 millones de litros de bioinsumos.
La primera es el programa ‘Producción para el Bienestar’, a cargo de la Subsecretaría a su cargo. Es una estrategia de acompañamiento técnico desplegada en 35 regiones de 29 entidades federativas. En ella participan 2 millones de productores.
La segunda estrategia se desarrolla a través del programa ‘Sembrando Vida’, de la Secretaría de Bienestar, que ha recibido gran impulso de parte del Gobierno federal para rescatar al campo y, en paralelo, desincentivar la migración indocumentada hacia la Unión Americana.
Este programa funciona en 29 territorios de 21 entidades federativas. Incluye la participación de 420.000 productores que trabajan un total de 1.125.000 hectáreas con sistemas agroforestales y milpa intercalada con árboles frutales.
Orientado a la plantación masiva de árboles frutales y maderables, este programa se ha visto acompañado de la instalación de biofábricas en un total de 18.102 Comunidades de Aprendizaje Campesino con el apoyo de la Sader.
De acuerdo con información oficial, en las 14.800 fábricas que se habían instalado hasta diciembre del año pasado, se produjeron 4,5 millones de litros de bioinsumos, de diversos tipos, que han venido sustituyendo el uso de herbicidas e insecticidas.
“Si es mucho el daño a la salud y no encontramos alternativas, se prohíbe el #glifosato”.El presidente @lopezobrador_ informó que se buscan opciones para evitar el uso de este agroquímico: desde herbicidas naturales hasta el empleo del machete para limpiar los cultivos. pic.twitter.com/oC84Nq81PE
— Gobierno de México (@GobiernoMX) December 2, 2022
La tercera estrategia es el programa ‘Producción orgánica en México’, que se desarrolla en 800.000 hectáreas. Si se contabilizan las plantaciones libres de agroquímicos, abarca 3.000.000 de hectáreas a lo largo y ancho del país.
A partir del decreto presidencial de finales de 2020, la Subsecretaría a cargo de Suárez Carrera logró en un año que, de los 53.861 productores que participaron en trabajos de campo y eventos sobre prácticas agroecológicas, un 54% dejara de usar glifosato. “Estamos en medio de una revolución agroecológica”, sentencia.
Al margen de las acciones que se desarrollan desde la Administración pública, Suárez Carrera destaca que en México existe un movimiento de transición hacia la agroecología con más de 30 años de historia que se ha venido fortaleciendo.
Es un movimiento, explica, que ha demostrado que una agricultura sostenible sí es posible. Este movimiento ahora ha venido articulando esfuerzos con el Gobierno del presidente López Obrador.
Suárez Carrera puntualiza que el uso de bioinsumos en México no debe limitarse solo a organizaciones campesinas y pequeños productores. Comenta que desde el Gobierno se trabaja también con productores de gran escala.
“La agroecología no es un tema técnico, es sobre todo un tema de decisión política; se trata de que definamos, como país, qué y cómo queremos producir, y de qué manera queremos alimentarnos”, concluye.
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