El golpe de Estado en el Perú fue contra el presidente Pedro Castillo Terrones quien venía padeciendo un constante acoso por parte de los partidos políticos opositores a su gobierno, especialmente los mayormente identificados con las fuerzas de la derecha peruana. También en buena medida no le simpatizaba a la oligarquía económica y política un presidente de auténtico origen campesino, profesor normalista y sindicalista del magisterio quien es identificado con las corrientes de la izquierda de su país y del continente.
Era por tercera ocasión que los legisladores conservadores buscaban destituir al mandatario andino quien había asumido el poder el 28 de julio de 2021. La acusación formal para destituirlo fue una pretendida “incapacidad moral permanente”. Se ha dicho que esa caracterización se ha utilizado en el siglo XIX como un sinónimo de locura. Pero en la acepción moderna “del congreso peruano” se relaciona con actos de corrupción. Esa ha sido un argumento muy común para que los legisladores conservadores del Perú hayan intentado renovar a diversos jefes de estado. Lo que dio pie para generar en ese país una crisis política que seguramente se prolongará por algún tiempo. Según la Constitución peruana esa figura contempla en:
Artículo 113.- Vacancia de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República vaca por: 1. Muerte del Presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.
Es decir, el Congreso es quien únicamente se encuentra facultado para declarar esa “incapacidad moral”. Triste historia de un conjunto de legisladores que han hecho del Perú un país atrofiado por la política parlamentaria más ruin. Incluso en la misma lógica de que el presidente Castillo intentó una “rebelión con flagancia”, cuando sus mismo escoltas lo apresaron por órdenes superiores de sus comandantes militares al dirigirse a refugiarse a la Embajada de México. En ese momento la misma sede diplomática ya estaba cercada por furibundos anti-castillistas que odian a los campesinos, sindicalistas e indios peruanos todos ellos respaldado por la policía de Lima.
Recordemos que en la historia del Perú el exilio a México de sus dirigentes de izquierda ha sido una constante desde el triunfo de la Revolución Mexicana. Así lo apunto el antropólogo peruano Ricardo Melgar Bao en su libro “Redes e imaginarios del exilio en México y América Latina: 1934-1940” (México, UNAM, 2018, pp. 23-24): “El exilio aprista, al igual que otros, además de sus obvias filiaciones políticas, estuvo marcado por sus señas culturales y nacionales, las que inevitablemente activaron, en su favor o en su contra, las experiencias y redes más amplias de los mexicanos”.
Hecho que confirmó el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que Castillo fue una víctima del llamado golpe blando. Por ello, Pedro Castillo Terrones, tras decretarse el golpe de Estado en su contra buscó el asilo en la Embajada mexicana, comunicándose desde el Perú previos momentos a su detención con el mandatario mexicano:
“Hablo aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada (de México en Perú), pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Y de que iba a solicitar el asilo y de que si le abrían la puerta. Busqué (al canciller) Marcelo Ebrard y le informé, y le dije de que hablara con el embajador (Pablo Monroy) y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, la rodearon, y él ya, creo, que ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato” (La Jornada, 09/12/22).
Fue el mismo golpe blando que se ejerció por la derecha de los congresistas en Honduras en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. En Paraguay en 2012 contra el presidente Fernando Lugo, que se generó a raíz de un juicio político en su contra en la Cámara de Diputados, acusándolo de “mal desempeño de sus funciones, cuando 115 parlamentarios lo destituyeron sobre un total de 125 diputados. O bien fue el caso del también golpe blando contra la presiente de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, cuando como resultado de 357 votos a favor y 137 en contra y de 7 abstenciones de la Cámara de Diputados y de 55 votos de senadores y de 22 en contra fue apartada del gobierno y sustituida por el conservador vicepresidente Michel Temer. El caso del golpe de Estado más reciente y violento fue contra el presidente de Bolivia,Evo Morales Ayma en 1919, golpe “blando” en cual el Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, lo presionó para que renunciara, sin embargo Evo denunció un golpe “cívico, político y militar”. El gobierno mexicano del presidente López Obrador, ordenó en una gesta histórica de la aviación militar mexicana, salvar la vida a Evo Morales y otros dirigentes bolivianos brindándoles asilo y refugio, en tierras mexicanas y en la Embajada de México en La Paz (entre ellos el actual presidente Luis Arce Cotacora).
Poco años después, y con el impulso moral del triunfo de la izquierda mexicana y argentina, Xiomara Castro ascendió al poder en Honduras reivindicando la figura de Mel Zelaya al triunfar su Partido Libertad y Refundación (Libre) en 2021 y avanzar bajo la consigna del “Socialismo Democrático”. En Bolivia, de nueva cuenta se revirtió el golpe de Estado con el triunfo electoral del actual presidente Luis Arce Cotacora del Movimiento al Socialismo. En Brasil, también se recuperó la alianza de las izquierda encabezado por el triunfo electoral del Partido de los Trabajadores (PT) en octubre de 2022 con Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá por tercera ocasión el poder el 3 de enero de 2023.
Es decir, que finalmente en ese proceso de retrocesos que impone la oligarquía latinoamericana y sus partidos y congresistas conservadores en nuestros distintos países ante determinados avances democráticos de la izquierda latinoamericana, sus golpes blandos, son victorias pírricas y temporales. Finalmente tal como acontece en nuestros días de la tercera década del siglo XXI, se impone la democracia de los pueblos latinoamericanos al llevar de nueva cuenta al poder a través de los procesos electorales y profundizar la participación democrática de amplios sectores (obreros, campesinos, indígenas, afroamericanos, mujeres, estudiantes, profesionistas por cuenta propia, empleados de banco y tiendas de comercio, desempleados, marginados, segmentos de las clases medias, pequeños propietarios y comerciantes, entre otros grupos sociales). Los dirigentes de esa nueva izquierda hoy está emplazada a desempeñar un papel protagónico en las nuevas reformas sociales que demandan los pueblos latinoamericanos ya sean en México, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Honduras, El Salvador, Chile, Colombia o Brasil. En el caso del Perú más temprano que tarde, la insurgencia popular volverá a tomar fuerza para revertir por vías democráticas la presidencia y darle de nueva cuenta una lección a la oligarquía y a los parlamentarios conservadores peruanos, los cuales sin duda tiene el respaldo de Washington para intentar frenar el avance político y organizativo de los pueblos andinos en sus luchas sociales, políticas, económicas y culturales.
