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El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), aprobada por Estados Unidos, es un “reconocimiento” a la independencia del sistema de justicia en el Perú.
A través de su cuenta en Twitter, la Cancillería saludó la decisión de Estados Unidos de acceder a la extradición del exmandatario y remarcó que la medida muestra el firme compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
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“Cancillería saluda la decisión de Estados Unidos de acceder a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, comunicada ayer por el Departamento de Estado por la vía diplomática”, expresó en la red social.
“Dicha determinación es un reconocimiento a la plena vigencia de las instituciones en el Perú, así como la independencia del sistema de justicia, y el firme compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, agregó.
Pronunciamiento de la Cancillería peruana sobre extradición de Alejandro Toledo. (Foto: @CancilleriaPeru / Twitter)
El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Toledo Manrique por los delitos de colusión y lavado de activos.
La Fiscalía de la Nación detalló que su Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de la extradición.
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En agosto del 2020, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 20 años y 6 meses de prisión para el otrora líder de Perú Posible por el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Allí se le atribuye haber solicitado sobornos por más de US$ 30 millones a Odebrecht por esa concesión y, como en el tramo 4, se le acusa por colusión y lavado de activos.
Por ambos casos, Alejandro Toledo ya tiene órdenes de prisión preventiva dictadas por la justicia peruana. Estas llevaron a que se le iniciaran dos procesos de extradición de los Estados Unidos, donde está desde el 2017.
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Cabe indicar que el Departamento de Estado es el encargado de ejecutar las extradiciones y puede hacerlo aun cuando haya apelaciones pendientes siempre que exista una orden de un juez que haya acreditado la extradición.
