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La comisión encargada de proponer las acciones y medidas de reforma administrativa y de gestión para la reorganización del Despacho Presidencial reveló que en el gobierno de Pedro Castillo no se verificaron antecedentes penales y éticos en la designación de ministros.
En su informe final, entregado a la presidenta Dina Boluarte, también detalló que no hubo calificación de experiencia y competencias profesionales. Asimismo, estableció que en la designación de los asesores del Despacho Presidencial no se priorizó la idoneidad de los nombrados.
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También se encontró que ha predominado la ausencia de mecanismos de coordinación mínimas para la organización de los Consejos de Ministros descentralizados sin contar con normas reglamentarias, agendas previas ni documentación sustentatoria.
Boluarte Zegarra había anunciado la instalación de la comisión, que realizó sus indagaciones en el periodo del 28 de julio del 2021 al 7 de diciembre del 2022.
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El grupo de trabajo estuvo presidido por Oscar Schiapa Pietra e integrada por Jorge Chávez Álvarez, Maruska Chocobar, Herbert Cusma, Richard Garcia, Ana Parí, Giofianni Peirano y el embajador Luis Chuquihuara, quien asesoró a la comisión.
El informe propone seis ejes para la reestructuración del Despacho Presidencial: Integridad, transparencia y rendición de cuentas, Reforma organizativa, Recursos humanos, Mecanismos de coordinación, Transformación digital, Comunicación efectiva así como Gestión del cambio.
Acciones
En el eje de integridad, transparencia y rendición de cuentas, el informe plantea declarar el principio de máxima transparencia como norma fundamental de gestión del Despacho Presidencial, implementar un modelo de integridad, identificar los riesgos y espacios para la corrupción y desarrollar mecanismos para mitigar ese riesgo.
En reforma organizativa, propone elaborar un manual de buen gobierno corporativo, fortalecer la dependencia responsable de la atención al ciudadano, fortalecer el Gabinete de Asesores, asegurando que este conformado por expertos, entre otras medidas.
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En lo referido a los recursos humanos, recomienda evaluar las necesidades de personal del despacho presidencial sobre la base de sus funciones, revisar los perfiles funcionales del personal, fortalecer la transparencia en la contratación y coordinar con Servir la evaluación del cumplimiento de requisitos y perfiles de los potenciales servidores.
Se propone también incorporar el uso intensivo de tecnologías digitales para una mejor toma de decisiones, gestión de seguridad y de los procesos del Despacho Presidencial.
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Además, se plantea la implementación del “Centro de Gobierno” para impulsar que la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaria General del Despacho Presidencial mejoren su capacidad de planificación y gestión gubernamental al servicio de la ciudadanía.
En lo inmediato, el informe propone, entre otras recomendaciones, publicar las actas del Consejo de Ministros del gobierno pasado, así como publicar las de las futuras sesiones. Asimismo, se propone realizar una evaluación sobre riesgo de conflicto de interés dentro del Despacho Presidencial y establecer las funciones de los consejeros presidenciales, priorizando la temática de acceso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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También recomienda guardar los archivos de video seguridad y registro de visitas, así como establecer un mecanismo de alerta ante un desperfecto o deshabilitación de las cámaras de seguridad. Finalmente, se propone implementar la plataforma de “Debida diligencia en el Despacho Presidencial” para el control de visitantes.
