La Fiscalía de Perú solicitó el martes una pena de 36 meses de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción cuando estuvo al frente del país.
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El Ministerio Público sostiene que el exmandatario lideró una supuesta organización criminal en la modalidad de colusión agravada y tráfico de influencias.
El pedido contra Castillo también recae en los exministros Juan Silva (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda).
El requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru)
February 28, 2023
La solicitud contra el expresidente Casillo fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía formalizará la investigación contra el exjefe de Estado el 21 de febrero.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.
El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra Pedro Castillo. En tanto, su abogado, Walter Ayala, presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para liberar y restituir al exmandatario. ►https://t.co/FRHni6NQfg pic.twitter.com/A9xIFUjc3C
— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu)
February 21, 2023
El pedido contra Pedro Castillo y otros dos ministros de su administración será evaluado en una audiencia el próximo viernes 3 de marzo.
Actualmente Pedro Castillo cumple una prisión preventiva de 18 meses por la investigación de que es objeto por el presunto delito de rebelión, por haber dispuesto la disolución del Parlamento a inicios de diciembre pasado.
El exmandatario se encuentra a la espera de una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a un recurso presentado por quien fuera su ministro de Defensa, Walter Ayala.
El recurso presentado por Ayala argumenta que la destitución de Castillo es ilegal porque fue cesado sin cumplir el Parlamento el protocolo establecido por la ley.
