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Han pasado solo horas desde que se declarara oficialmente un conflicto armado interno en Ecuador. La noticia deja a América, que por años ha sido considerada como una zona de paz, con un nuevo foco de violencia a gran escala.
A partir del anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a miembros de una veintena de organizaciones criminales, Colombia dejó de tener el único y más extenso conflicto interno armado vigente, que desde 1985 ha causado casi nueve millones de víctimas y por lo menos 450.000 asesinatos.
La extensa confrontación entre grupos armados de origen político, organizaciones narcocriminales, Fuerzas Militares y paramilitares ha tenido eco en los países vecinos, que además de recibir a las víctimas del conflicto, actúan como desaguadero del comercio de drogas, armas y minerales a través de la zona sur del Pacífico, con miras a llegar a Asia y Europa.
Un panorama de guerra
En sus primeras declaraciones, un día después de decretar el conflicto armado interno no internacional, el presidente ecuatoriano manifestó que el país está “en guerra” contra grupos narcoterroristas identificados en una lista y ratificó que no cederán ante los criminales.
La misma línea dura fue trazada horas antes por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela Erazo, quien en su mensaje al país aseveró que las organizaciones criminales transnacionales “se han convertido en un objetivo militar“.
En este capítulo, que apenas se inicia en Ecuador y en el continente, tanto el presidente como las autoridades militares propusieron la neutralización del enemigo como única salida, sin que haya posibilidad para el “retroceso o la negociación”, como ha dicho el propio Vela Erazo.
La narrativa de que existe una situación de guerra también es respaldada por la vicepresidenta, Verónica Abad, quien hizo la salvedad de que se pliega a la dirección trazada por la presidencia, a pesar de sus diferencias con Noboa.
La segunda al mando en Ecuador pide que se lleven a cabo “cambios estructurales de ley urgente“, lo que algunos expertos consideran que podría dar pie a modificaciones del marco legal y constitucional del país en nombre de la lucha contra las organizaciones criminales, sin que se sepa aún si pudieran ocurrir excesos y petición de ayuda financiera y militar a otros países de América.
La preeminencia de lo militar y policial
A partir de este martes, las Fuerzas Armadas y la Policía están facultadas por orden presidencial para movilizarse, intervenir y usar armas letales en el territorio ecuatoriano, con la finalidad de “garantizar la soberanía e integridad territorial”.
Además, el mandatario decretó el estado de excepción, que suele aplicarse en casos de “conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.
El estado de excepción contempla el establecimiento de zonas de seguridad en parte o todo el territorio, y el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
El abrirle la puerta a la irrestricta actuación policial y militar –sin más restricciones que las dicta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en casos de conflicto interno armado no internacional– se presenta en un contexto en el que las fuerzas del Estado han sido captadas por el crimen organizado, como lo demostró el ‘Caso Metástasis’, uno de los más grandes operativos en contra de la corrupción y el narcotráfico.
En el caso del conflicto armado colombiano –cuyas causas son de naturaleza muy distinta–, el poder ilimitado a las Fuerzas Militares provocó la connivencia con grupos al margen de la ley, además de que favoreció ilícitos como el manejo o fabricación de pruebas en contra de personas señaladas falsamente de pertenecer a organizaciones delincuenciales, detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales ni juicios, sobornos, ejecuciones extrajudiciales y violación de los derechos humanos, entre otros.
Combate a grupos terroristas.Operativos de las Fuerzas Armadas se despliegan a lo largo del país para establecer control y vigilancia. pic.twitter.com/WgKeKAsFQM
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) January 10, 2024
¿Qué causa los conflictos armados internos?
Por más de cinco décadas, la región ha visto cómo Colombia se ha desangrado lentamente producto de su confrontación armada. Más allá de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos adversos, la población civil vulnerable ha sido la más golpeada, según organismos internacionales de derechos humanos.
Aún es prematuro determinar cuáles serán las consecuencias de la declaratoria de un conflicto armado en Ecuador, una decisión tomada para hacerle frente a la ola de terror desatada por la delincuencia organizada. El desfile de imágenes aterradoras de motines en las cárceles, fugas de líderes de organizaciones criminales, asesinatos, asedio a la población y hasta la toma de un canal televisivo, precipitaron la medida por parte de Noboa.
Sin embargo, como se ha conocido en Colombia tras décadas, este tipo de confrontaciones del Estado en contra de sus enemigos abonan el terreno para los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. A esto se le une el desplazamiento forzado, abusos sexuales, extorsión, reclutamiento de menores y jóvenes por parte de los grupos armados y severas afectaciones entre las poblaciones campesinas, indígenas y afro, mujeres y niños.
Subida de homicidios y tráfico de drogas
El telón de fondo en los últimos años en Ecuador ha sido el incremento del número de homicidios, lo que lo ubicaría como uno de los países más violentos en América y el giro del mercado de la droga hacia esa territorio.
Según un informe de diciembre pasado del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), el país afronta la mayor ola de homicidios de su historia, por lo que se proyecta como uno de los tres países más violentos de la región.
La nación andina ha registrado un aumento de 528,10 % en el número de homicidios intencionales en comparación con el primer semestre de 2019. A finales de 2023, el país cerró con más de 7.000 muertes violentas, alcanzando una tasa de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, según OECO.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una interacción en sus redes sociales publicada en agosto de 2023, escribió sobre el germen del conflicto interno que ha sido declarado meses después de sus advertencias.
Petro dicho en varias oportunidades, al analizar la posición de su país en el tráfico de drogas, que “la estructura del mercado de la cocaína” y que las áreas de cultivo, que antes buscaban la ruta del Caribe para llega a EE.UU. ahora se dirigen hacia el sur.
“La nueva zona de mayor producción de cocaína del mundo se ubica en una franja de 10 kilómetros a lo largo de la frontera colombo ecuatoriana, del lado colombiano”, aseveró.
El mandatario colombiano se refirió en su plataforma X al desplome del mercado de la cocaína, ante la aparición del fentanilo, por lo que las organizaciones criminales se han dedicado a obtener rentas a través de actividades ilícitas como la explotación minera, la extorsión y el secuestro.
“Es por esto que de ser un país pacífico, Ecuador ha superado en violencia a Colombia, y quizás es por esto que asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio”, consideró.
Además del peso de la propia situación colombiana, los analistas apuntan a la relación de las bandas criminales ecuatorianas con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que incluso han penetrado a las instituciones del Estado y que manejan buena parte de sus actividades delictivas de tráfico de drogas, armas, sicariato, lavado de activos y minería ilegal desde los penales.
Aunque este giro hacia la declaratoria de un conflicto interno en Ecuador apenas comienza, las duras cicatrices que ha dejado Colombia, el país vecino, quedan expuestas como un recordatorio de lo que podría acarrear en un contexto de extrema violencia y laxitud.
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