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Mientras, el representante de la Abogacía del Estado alegó que estas acciones estuvieron amparadas en un acuerdo firmado en 2007 entre ambos países.
La Fiscalía de España consideró este martes que no se cumplieron “las garantías administrativas y judiciales” para amparar el retorno de menores desde la ciudad española de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, recoge Europa Press.
En una vista pública en el Tribunal Supremo, tras los recursos de la Abogacía del Estado y la ciudad de Ceuta contra una sentencia que condenó al Gobierno por la devolución de menores, el fiscal Antonio Narváez recordó que lo “que caracteriza a un Estado de derecho es la garantía de los derechos fundamentales”.
“Y aquí no se ha dado ninguna garantía ni se ha hecho ningún procedimiento ni se han identificado a las personas”, defendió Narváez, subrayando que “las circunstancias excepcionales están supeditadas al cumplimiento de la ley“.
Y continuó: “No es solamente que no se haya cumplido la ley española, sino que no se han cumplido las garantías de derechos fundamentales. Estamos hablando de colectivos vulnerables, menores en situación de desamparo“.
Por su parte, el representante de la Abogacía del Estado alegó que todo se amparó en el acuerdo de 2007 entre España y Marruecos, que permite a ambas parte dotarse de un procedimiento que conduce al retorno, por lo que consideró que “no se vulneró ningún derecho”.
“No retornó ningún menor que se opusiera, todo el procedimiento es mediante un pacto entre Marruecos y España”, argumentó el abogado. Asimismo, destacó que no se trató de “un problemilla de orden público”, sino de “una auténtica invasión”.
“La finalidad es que los menores retornen al seno de sus familias o institución de su país de origen. Es un retorno asistido, no una declaración unilateral de repatriación”, añadió.
Los hechos
El origen del caso se remonta a mayo de 2021, cuando una crisis diplomática entre Madrid y Rabat con el trasfondo del conflicto del Sáhara Occidental desembocó en la entrada irregular de miles de ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos marroquíes, en el enclave español de Ceuta, situado en el norte de Marruecos.
La entrada masiva se produjo después de que España acogiese, para ser tratado sanitariamente, al saharaui Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Marruecos, en respuesta, dejó desatendido su lado de la valla fronteriza de Ceuta y más de 8.000 personas cruzaron a nado al territorio español, entre los que se encontraban cerca de 2.000 menores de edad.
