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El diputado del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, fue elegido el domingo presidente del Congreso con 92 votos a favor.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala aceptó dar trámite a un amparo interpuesto por la Fundación Contra el Terrorismo contra la elección de la Junta Directiva en el Congreso por estar presidida por un miembro del Movimiento Semilla, el partido con el que socialdemócrata Bernardo Arévalo ganó el poder.
“Se admita a trámite el amparo en única instancia promovido por la Fundación contra el Terrorismo Guatemala (…) contra el pleno del Congreso de la República de Guatemala”, señala el fallo del que se hace eco el canal de televisión TN23.
El diputado del partido Movimiento Semilla, Samuel Pérez, fue elegido el domingo presidente del Congreso con 92 votos a favor. La nueva Junta Directiva del Legislativo fue luego juramentada por la X Legislatura.
Según explica el medio local Soy502, al estar suspendida la personería jurídica del partido que representa Pérez, algunas voces en el Congreso cuestionan la legalidad de la Junta.
Tenso pleno
El Movimiento Semilla cuenta con 23 de los 160 escaños. En el tenso pleno del Congreso, que fue interrumpido y demorado el domingo, se determinó en un principio que asumieran sus cargos como “independientes” y no como miembros de su coalición política.
Por ello, Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, presentó una acción legal que detalla que “se trata de una denuncia por la violación al principio de legalidad de la función pública”. La Fundación pide dejar sin efecto la elección del domingo.
Se trata de un nuevo escollo para el recién asumido presidente Bernardo Arévalo, el socialdemócrata que asumió el poder pasada la medianoche del domingo en un clima de extrema tensión.
Desde su victoria electoral de agosto, la Fiscalía lideró un embate judicial contra Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera, contra el propio Movimiento Semilla y contra el mismo proceso electoral, del que llegó a pedir la anulación.
Una maniobra denunciada como un “golpe de estado” por Arévalo, orquestada desde los sectores más conservadores de Guatemala y muy criticada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la mayoría de gobiernos latinoamericanos y la Unión Europea, entre otros.
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