La Fiscalía General de (FGR) de México divulgó el domingo un comunicado en el cual rechaza la decisión de un tribunal de conceder libertad condicional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa para que enfrenten el juicio sin internamiento.
LEA TAMBIÉN:
Liberan a ocho militares ligados al caso de Ayotzinapa
Según el texto publicado en redes sociales, los magistrados “en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada”.
La protesta sobrevino tras el anuncio de la jueza federal Raquel Ivette Duarte, desde Toluca, de otorgar el beneficio de la libertad condicional a ocho militares acusados de estar implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ignorando los precedentes y agravantes del caso que desde hace meses pone en la mira a las Fuerzas Armadas mexicanas.
De esta manera, el Ministerio Público señala que se han extendido procedimientos de amparo y de ampliación de amparo “con el propósito de generar una evidente situación de injusticia” que está menoscabando el derecho de las familias de los desaparecidos, su seguridad y al país.
La Fiscalía destaca que, dada la “brutalidad de los abusos cometidos” y del “peligro de una libertad procesal” para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad, se hace inadmisible un recurso de esa índole.
#FGRInforma | #FGR rechaza tajantemente la determinación de la Jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo y Magistrados del tribunal colegiado que concedieron ventajas indebidas, y desconocieron resoluciones que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de… pic.twitter.com/b1pH4FRrtG
— FGR México (@FGRMexico)
January 21, 2024
No obstante, la FGR aseguró que presentará de inmediato las diligencias correspondientes en pos de garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas, además de invocar el artículo 225 del Código Penal Federal, que castiga delitos contra la Administración de Justicia, “entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.
