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El órgano judicial de la ONU reconoció que “no existe discriminación contra los tátaros ni contra los ucranianos en Crimea”, comentó la Cancillería rusa.
La Corte Internacional de Justicia(CIJ) consideró infundadas la mayoría de las reclamaciones de Ucrania contra Rusia en una demanda por posible violación del Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El tribunal determinó que Moscú había violado disposiciones específicas sobre la organización de la enseñanza escolar en el idioma ucraniano en Crimea después de la reunificación de la península con Rusia en 2014. El tribunal rechaza todas las demás reclamaciones ucranianas en relación con la convención sobre la discriminación, según señaló la presidenta de ese órgano judicial de la ONU, Joan Donoghue.
El Ministerio ruso de Exteriores consideró a través de un comunicado que el tribunal “reconoció que la política de Rusia cumple las obligaciones contraídas bajo el convenio” y que “no existe discriminación contra los tátaros ni contra los ucranianos en Crimea”.
“Kiev intentó hacer pasar las medidas de aplicación de la ley contra miembros de la organización terrorista Hizb ut-Tahrir y de las organizaciones extremistas Tablighi Jamaat y Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea por presunta persecución de tártaros de Crimea por motivos étnicos. La Corte Internacional de Justicia discrepó de esta apreciación“, precisó la Cancillería.
La CIJ no encontró elementos de discriminación en la legislación rusa antiextremismo, ni indicios de discriminación racial en la aplicación de estas normas por parte de las fuerzas del orden de Rusia.
Asimismo, han sido rechazadas las acusaciones de Ucrania sobre la supuesta implicación de Rusia en “asesinatos” y “secuestros” selectivos de tártaros y de ucranianos en Crimea, así como todas las reclamaciones de Kiev sobre cuestiones de ciudadanía, al no encontrarse discriminación racial en el régimen jurídico de otorgamiento de ciudadanía en la península desde 2014.
Tampoco se consideran fundamentadas las acusaciones de Ucrania sobre la supuesta vulneración de los derechos de los tártaros y ucranianos de Crimea en su acceso a los medios de comunicación nacionales, así como a la hora de reunirse y manifestarse o preservar los lugares del patrimonio cultural, se indica en el comunicado.
Al mismo tiempo, la Cancillería calificó de “polémica” la evaluación de que la drástica reducción del número de escuelas de lengua ucraniana en Crimea constituye una violación de las obligaciones del derecho a la educación “considerando la conclusión del tribunal de que la elección de los ciudadanos de Crimea de estudiar en ruso fue puramente voluntaria”.
“El caso ha concluido, Rusia no está obligada a tomar ninguna medida especial en aplicación de esta decisión, y todas las reclamaciones de indemnización de Ucrania han sido rechazadas”, comentó.
