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La acusación por las muertes en las manifestaciones antigubernamentales se mantiene abierta.
La Comisión Permanente del Congreso de la República de Perú aprobó este jueves un informe final que recomienda el archivo de dos denuncias constitucionales contra la actual mandataria, Dina Boluarte, por su período como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo.
Con 17 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, se tomó esta decisión, sin previo debate.
Boluarte estaba acusada por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por haber solicitado una licencia de funcionamiento en un club del departamento de Apurímac mientras era ministra.
🔴 Comisión Permanente aprobó, con 17 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte que la acusaba de haber realizado actos de gestión a nombre del Club Departamental Apurímac cuando era ministra de Desarrollo… pic.twitter.com/Rdi8mKJmJ4
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) February 15, 2024
El congresista Edgar Raymundo, integrante de la bancada izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú, leyó el informe en el cual se concluye que Boluarte “no ejerció doble función ni tuvo doble remuneración posterior a la asunción de ministra y vicepresidenta”.
Sobre su salida del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ocurrida en 2022, Raymundo señaló que “la renuncia no fue irregular”.
Y, por último, tampoco hallaron indicios que permitan determinar que la actual jefa de Estado se interesó “indebidamente” en la contratación de un funcionario en la Contraloría General de la República, ni que haya de por medio negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Más casos
Boluarte, quien el martes reconoció que tiene varios procesos en su contra, enfrenta otra denuncia constitucional introducida en el Parlamento en noviembre de 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Esta imputación es por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, debido a las decenas de muertes en las protestas que se registraron en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
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