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En los dos primeros meses de emergencia sanitaria, más de 7.000 personas mayores en residencias fallecieron sin tratamiento ni cuidados paliativos con la orden de la administración regional de no ser derivados a hospitales.
La presidenta derechista de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desató una nueva polémica con su modo de justificar el abandono institucional que sufrieron durante los dos primeros meses de la pandemia del coronavirus las residencias de ancianos, donde murieron más de 7.000 personas mayores, muchas de ellas sin la debida atención.
La líder regional del Partido Popular (PP) dio a entender el jueves, en una tormentosa sesión en la asamblea regional para responder a los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ impuestos por su gobierno, que daba igual trasladar a los mayores de las residencias de ancianos a los hospitales durante el período más duro de la emergencia sanitaria porque iban a morir igual.
“No se salvaban en ningún sitio”
“Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado (…) Mucha gente mayor, cuando iba a los hospitales también fallecía, porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio“, argumentó.
Sus palabras trataban de contestar a las críticas de la oposición por los protocolos que en aquellas fechas establecían la prohibición de derivar a los residentes en estos centros a hospitales. Su gobierno siempre trató de ocultar ese protocolo, pero esta semana trascendieron más de 200 actas policiales en las que se recogía su existencia y aplicación durante los meses de marzo y abril de 2020.
En ese lapso, 7.291 residentes en estos centros fallecieron. Se trató del 77 % de todas las muertes que se produjeron en la región madrileña en ese periodo.
Aquí @manuelabergerot ha dado un poco de dignidad y orgullo a las familias de las 7291 personas fallecidas en las residencias. Ha puesto nerviosa a @IdiazAyuso enseñándo las actas. A lo mejor tiene mala conciencia por haber dejado que mueran sin cuidados paliativos. pic.twitter.com/Y0DiSiRLIe
— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 15, 2024
“Murieron ahogados”
La aplicación de esos protocolos propició que esos mayores murieran en soledad, en un momento de confinamiento en el que nadie podía acceder a esos centros: sin ser apenas atendidos en ningún aspecto por las mermas en las plantillas, sin atención sanitaria ni cuidados paliativos de ningún tipo.
“Sus protocolos condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital. Murieron ahogados sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas, porque así lo recoge la Policía Municipal”, le espetó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.
Las palabras de Díaz Ayuso han levantado la indignación de una buena parte de la ciudadanía y de la oposición política. Denuncian la gran diferencia entre morir en un hospital, atendidos y con analgésicos o sedantes, a hacerlo agonizando en soledad en una residencia.
Ayer @IdiazAyuso me dijo que los mayores se morían en todas partes. Le adjunto el acta policial que dice que si se hubiesen derivado a los hospitales habrían fallecido menos personas.Han pasado más de 24 horas y la presidenta no ha pedido disculpas a las familias de los 7.291. pic.twitter.com/MRtFBRXhSy
— Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 16, 2024
“Los políticos no son dioses”
Además, los datos desmienten también el argumento de la presidenta madrileña. Así, según publica Infolibre, el 65 % de los residentes que fueron derivados a un hospital lograron salvar la vida.
En marzo y abril de 2020 fueron derivados 6.308 mayores de las residencias a un hospital (la gran mayoría con seguro médico privado), de los que fallecieron 2.179, mientras que otros 7.291 mayores murieron sin recibir atención hospitalaria.
“Los políticos no son dioses que deciden quién tiene derecho a recibir atención hospitalaria y quién no”, reflexionó este viernes el periodista Manuel Rico, quien ha investigado en profundidad lo sucedido en las residencias madrileñas durante la pandemia.
“Si además impiden el traslado hospitalario de una persona por ir en silla de ruedas o por tener alzhéimer, es de una crueldad indescriptible, y si al mismo tiempo permiten que sí vayan al hospital quienes tienen seguro privado, es una discriminación inaceptable“, concluía Rico.
En las redes sociales, muchos cibernautas abogan por que sus palabras y su gestión tengan consecuencias políticas o judiciales. Además, otras personas han mostrado su indignación tirando de humor negro.
