La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina (CTERA) anunció el jueves un paro que tendrá vigencia a partir del lunes 26 de enero.
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Para el paro están convocados todos los profesionales de la educación en todas las provincias de Argentina.
CTERA convocó la huelga para exigir una discusión paritaria nacional para fijar los salarios y rechazar las desmejoras en los ingresos por orden del Gobierno del presidente Javier Milei.
“Lo que va a suceder con la docencia argentina es que va a cobrar menos, no que no va a tener aumento. Hasta ahora, lo que está pasando es que no se enviaron los fondos a las provincias del fondo compensador, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), de los fondos para los programas educativos”, explicó a medios locales la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso.
La dirigente gremial llamó a recordar que en el transcurso de la semana se comunicó que “los fondos que dependen de leyes (…) sancionadas en el Parlamento nacional, no se van a enviar a las jurisdicciones”.
Estos fondos incluyen salarios, infraestructuras, comedores escolares y pago de horas extras a los docentes.
“Como se plantea, realmente va a afectar a las familias argentinas y va a afectar a los docentes. Muchos docentes ayer tomaron conocimiento de que además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora (horas extras); con lo cual, lo que vamos a tener como resultado es que no solo los docentes no van cobrar más, sino que van a cobrar menos. Ese es el escenario”, recalcó.
En tal sentido el sindicato acordó el llamado a huelga general tras la celebración de un congreso extraordinario y una vez que el Ejecutivo accedió a discutir las paritarias el próximo martes 27 de febrero, pese a que el calendario escolar inicia el lunes en 10 jurisdicciones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de Argentina.
En respuesta a esta huelga, el vocero de la Presidencia de La Nación, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno tomó “la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación servicio esencial”.
De gestarse esta iniciativa, quedarían suspendidos los derechos a huelgas masivas porque los empleados de los sectores prioritarios deben garantizar una prestación del servicio no inferior al 75%.
