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Las autoridades del país sudamericano admitieron que no existe ningún mecanismo legal que permita su procesamiento judicial en Colombia.
La Justicia colombiana podría ver frustrado el intento de conseguir la extradición de Timothy Alan Livingston, un estadounidense de 36 años acusado de haber cometido actos de pedofilia con dos menores de edad en un hotel de Medellín, que, pese a la gravedad de sus acciones, fue dejado en libertad por la Policía local y logró viajar a su país de origen.
El problema radica en que Washington no ha suscrito un acuerdo que permita la extradición de sus ciudadanos a territorio colombiano y cuando Colombia ha solicitado la entrega de estadounidenses por delitos cometidos en su jurisdicción, las autoridades judiciales de EE.UU. han respondido negativamente, recoge El Colombiano.
El medio, que revisó los registros del Ministerio de Justicia de Colombia entre 1997 y 2023, apunta que en ese lapso se cursaron 70 solicitudes para extraditar a personas sobre las que pesaban acusaciones criminales que se encontraban en EE.UU., pero solo se respondió de manera afirmativa en siete oportunidades, todas correspondientes a colombianos residentes en esa nación.
De estos destaca el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, cuya extradición se materializó en julio de 2019, luego de haber recibido en 2014 una condena en ausencia a 17 años de prisión por el desvío de recursos públicos y tras haber sido capturado y encausado por una corte de Atlanta en 2016.
Según las pesquisas, el resto de las extradiciones de EE.UU. a Colombia correspondieron a acusados por narcotráfico, homicidio y delitos sexuales, pero con la salvedad de que ninguno de ellos era ciudadano estadounidense por nacimiento.
En el caso de Livingston, a quien Colombia procesa por al menos cinco casos de abuso sexual de menores, la situación no es clara, pero no es habitual que ese país autorice la extradición de sus ciudadanos.
Sin mecanismos
En declaraciones ofrecidas en la víspera, el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Edwin Urrego, admitió que evalúan opciones para conseguir el apresamiento del presunto abusador sexual de menores, porque no existe un mecanismo judicial para lograrlo.
El director de la Dijin, el coronel Edwin Urrego, reconoció que no hay un mecanismo jurídico traer a Timothy Alan Livingston a Colombia, el extranjero acusado de explotación sexual de 2 niñas de 13 y 12 años, en un apartahotel en Medellín. #NoticiasTelemedellínpic.twitter.com/MUYxOyGmBY
— Telemedellín (@Telemedellin) April 16, 2024
De acuerdo con las autoridades colombianas, se está trabajando “con el Gobierno de los EE.UU., con algunos grupos interagenciales que trabajan con […] Colombia para mirar la ruta a seguir, porque hasta el momento no existe un convenio para extraditar ciudadanos norteamericanos”.
Empero, el funcionario aseguró que también existe la posibilidad de que Livingston sea procesado por la Justicia estadounidense si se hiciera efectiva su captura sobre la base de la circular azul que emitió la Interpol después de que se fugara de Colombia.
“Se continúan adelantando las actividades judiciales contra este ciudadano. Hemos establecido que el extranjero pretendía abusar de estos menores de edad. Tenemos conocimiento que ingresó a los EE.UU. La notificación azul de Interpol es para conocer el lugar de residencia”, detalló Urrego.
La solicitud de extradición
El pasado 3 de abril, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que solicitaría a EE.UU. la extradición de quien calificó como el “pedófilo del hotel de Medellín” y cuestionó el hecho de que hubiera podido huir sin obstáculos.
Del mismo modo, la Procuraduría General de Colombia inició una investigación contra los funcionarios policiales por “presuntas irregularidades” en la detención y traslado de Livingston y anunció que emprenderá las acciones correspondientes ante la eventual comisión de un delito o la omisión de sus obligaciones.
Según las cifras oficiales ofrecidas por la Alcaldía de Medellín, entre 2019 y 2023 se reportaron en Medellín más de 1.400 casos de explotación sexual con fines comerciales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.
