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La Fiscalía peruana solicitó que se evalúe la constitucionalidad del instrumento jurídico que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.
El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, restó este miércoles responsabilidad del Ejecutivo encabezado por la presidenta Dina Boluarte en la aprobación definitiva de la polémica ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados antes del 1 de julio de 2002, recoge La República.
“Ya es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma […]. Desde luego, corresponderá a los jueces y fiscales disponer desde su perspectiva si aplican control difuso, control de convencionalidad o, eventualmente, si es que ponen una acción que el Tribunal Constitucional tenga que resolver”, alegó el funcionario al ser consultado por la prensa sobre el tema.
No obstante, Arana omitió que, de conformidad con las leyes locales, el instrumento fue elevado al Ejecutivo, que tenía la potestad de observarlo para evitar su aprobación.
“Respetamos profundamente las posiciones que institucionalmente las entidades, como la Conferencia Episcopal y el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley. Ya [les] corresponde a ellos hacerlo y desde el Gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen”, argumentó.
En una adenda, consideró que, si bien a solicitud de la Fiscalía se está examinando la constitucionalidad de la controvertida ley, le corresponde al Congreso hacer frente a los señalamientos de inaplicabilidad que surjan, porque el Gobierno tiene como política cumplir “con las normas que el Congreso expide”, aunque en este caso, recalcó, “está efectivamente destinada a ser aplicada por jueces y fiscales”.
