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La Justicia de Nueva York autoriza el embargo de activos argentinos en EE.UU. para pagar deuda a bonistas. La decisión judicial beneficia a los tenedores de bonos que entraron en cesación de pagos en 2001.
La Justicia de EE.UU. emitió un nuevo fallo en contra de Argentina. Esta vez ratificó la sentencia de primera instancia que permite embargar fondos depositados en la Reserva Federal (Fed) estadounidense, que suman un total de 187 millones de dólares.
Al confirmar el fallo de la magistrada Loretta Preska, Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, autorizó el embargo de los activos que el Banco Central argentino tiene en la Fed. “Argentina utilizó los intereses en actividades comerciales en los EE.UU., dejándolos sujetos a embargo”, explicó la jueza en su dictamen.
Además, consideró que “los argumentos de Argentina de que sus activos embargados no son susceptibles de embargo bajo la ley de Nueva York no tienen fundamento” y agregó que las razones para que el caso no avance “no son convincentes”.
Quienes se han beneficiado con este fallo son los tenedores de los bonos que entraron en cesación de pagos en 2001 y que se usaron como garantía de pago de los denominados bonos Brady, emitidos en 1990 y que vencieron en marzo del año pasado.
Esos bonos de deuda fueron comprados a partir de 2001 por los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master.
Otros fallos adversos
La sentencia de la jueza Livingston se suma a otras que también fueron contrarias al país sudamericano. Días atrás, la Justicia estadounidense había emitido un fallo para permitir que se ejecute una deuda por 340 millones de dólares por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, en 2008.
Este fallo favoreció a la empresa Titan Consortium, que le había comprado los derechos de litigio al fondo Burford Capital, por lo que inició la demanda para que se cumpla el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
Por otra parte, la jueza Preska también rechazó a comienzos de este año una solicitud del Gobierno argentino para extender el plazo que habilita los embargos de bienes del país en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012. En total, la indemnización alcanza los 16.099 millones de dólares, ya que consideró que violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios.
Los beneficiarios fueron Burford Capital y Eton Capital, dos ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de YPF, que demandaron a Argentina y que, según la jueza, deben recibir una compensación de 14.385 millones y 1.714 millones de dólares, respectivamente.
