Nasca: Minera Paraíso denuncia allanamiento y abuso de autoridad por parte de la PNP

La empresa Minera Paraíso ha denunciado un grave caso de allanamiento y abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según la denuncia, el comandante Peña Montoya y el mayor de la Areincri, Yoao Alcántara Reza, intervinieron de manera irregular en los terrenos de la minera, deteniendo a tres trabajadores de la empresa constructora Montes, quienes realizaban obras en la propiedad.

La Minera Paraíso ha prohibido el ingreso de la PNP a sus predios desde principios de 2024, tras una serie de allanamientos sin autorización que interrumpían el trabajo de sus empleados. A pesar de contar con una orden de defensa posesoria desde el 17 de septiembre de este año, avalada por el área legal de la PNP, el procedimiento fue detenido irregularmente, dejando a la empresa en una situación de vulnerabilidad ante las repetidas usurpaciones de su terreno.

La empresa, que tiene la propiedad debidamente inscrita en los registros públicos desde 2008, ha enfrentado múltiples intentos de invasión desde 2023. Por lo que denunció que la PNP ha mostrado favoritismo hacia los usurpadores, impidiendo la intervención policial para proteger su propiedad. Un incidente alarmante ocurrió el 5 de octubre, cuando tres trabajadores fueron detenidos bajo la acusación de tenencia ilegal de armas, en un operativo que, según ellos, fue manipulado por la policía.

Testimonios y un video revelan que los policías no pudieron justificar su ingreso a la propiedad ni los cargos bajo los cuales actuaron. Los trabajadores afirman que las armas y municiones encontradas fueron sembradas por los efectivos, lo que, según la denuncia, sería parte de un plan para despojar a la empresa de su propiedad en Portachuelo B-1, un terreno de más de 13 hectáreas. Esta situación ha generado gran preocupación en Minera Paraíso, que ve en estos actos una estrategia para facilitar la usurpación de sus tierras.

El conflicto ha escalado al punto en que la empresa está solicitando la intervención de la Inspectoría General de la Policía Nacional, con el fin de investigar las irregularidades cometidas por los agentes involucrados. La minera exige que se sancione a los responsables de estos abusos y que se garantice el respeto a sus derechos sobre la propiedad, que habría sido vulnerada repetidamente.