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La medida constitucional da prioridad al Estado mexicano en la generación de energía eléctrica.
Con 353 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles en lo general la reforma energética propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora impulsa la mandataria actual, Claudia Sheinbaum, informan medios locales.
La medida constitucional da prioridad al Estado mexicano en la generación de energía eléctrica y convierte en empresas públicas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Así, establece que la CFE controlará el 54 % de la generación eléctrica, mientras que el 46 % restante, privados. También se estipula que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) deberá priorizar la energía generada por la CFE incluso si las fuentes de los particulares son más limpias.
El tema generó un intenso debate entre los miembros del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la oposición. El hecho de que la reforma dé prevalencia a la CFE en la prestación de los servicios públicos de electricidad e Internet, llevó a la oposición a advertir que la decisión podría producir una monopolización de ambos servicios.
Los diputados del partido mayoritario argumentaron, citados por medios locales, que la reforma permitirá garantizar el suministro eléctrico asequible en comunidades vulnerables. Por otro lado, los partidos como Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano cuestionaron la capacidad del Estado para cumplir con estas promesas, abogando por la necesidad de inversiones privadas.
El diputado del PRI, Mario Zamora, apuntó que el nuevo dictamen infringe principios constitucionales y tratados internacionales, recoge El Universal. “El dictamen que hoy nos ocupa violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos, la no retroactividad de la ley y la prohibición de monopolios, entre otros”, sostuvo.
En respuesta, la diputada morenista Rocío Abreu acusó a los opositores de actuar en beneficio de intereses privados. Los congresistas de Movimiento Ciudadano, por su parte, se pronunciaron en contra llevando las máscaras de gas y argumentando que la iniciativa “es tóxica y profundiza la emergencia climática“.
