El Congreso del Perú ha decidido no derogar la controvertida Ley 32108, una norma vinculada al combate del crimen organizado, pese a la presión del gremio de transportistas.
Los transportistas sostienen que la ley los expone injustamente, equiparándolos a organizaciones delictivas debido a las zonas en las que operan, donde el crimen organizado es prevalente. A pesar de las protestas, el Congreso argumenta que la derogación de esta norma comprometería la lucha contra las mafias en el país.
La decisión del Parlamento pone de relieve la creciente tensión entre el Legislativo y sectores que consideran vulnerados sus derechos por legislaciones que, aunque con un propósito legítimo, impactan negativamente en su actividad.
Las bancadas Perú Libre y Fuerza Popular defendieron la norma, mientras que congresistas de la oposición protestaron, señalando que no solo se desestimó el pedido de archivo, sino también el debate sobre la redefinición del delito de organización criminal, uno de los aspectos más polémicos de la ley.
El Ejecutivo trató de justificar la falta de respuestas efectivas ante el creciente descontento social y las protestas, apelando a la necesidad de colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso.
Este proyecto de ley podría tener un impacto negativo en la lucha contra el crimen. Además, el avance de la criminalidad y los problemas de gobernanza en el país representan una preocupación creciente.
Diversas bancadas del Congreso exigen derogar la ley de crimen organizado ante riesgos de uso indebido y vulneración de derechos, por lo que plantean la necesidad de una legislación más justa.
Aarón Rodríguez, HispanTV, Lima
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