La Ley 31751, también conocida como la Ley Soto, promovida por el presidente del Congreso peruano, Alejandro Soto, ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad.
Esta ley, aprobada en agosto de 2023, modifica el artículo 84 del Código Penal y establece un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito. Aunque la iniciativa busca acelerar las investigaciones y procedimientos de casos penales, ha suscitado críticas, ya que se teme que pueda afectar negativamente a investigaciones sobre delitos menores. La polémica estalló cuando se reveló que la norma benefició directamente a Soto, al permitirle evitar una condena. Ahora, la ley ha llegado al Tribunal Constitucional (TC), donde grupos y actores de la sociedad civil exigen que sea declarada inconstitucional.
La Ley Soto ha generado un intenso debate al modificar el artículo 84 del Código Penal, estableciendo un límite de un año para la suspensión de la prescripción de delitos. Se considera que la norma vulnera principios básicos de igualdad ante la ley y favorece la impunidad al otorgar privilegios excesivos a ciertos funcionarios.
La Ley Soto ha generado cuestionamientos sobre su propósito y consecuencias, resaltando la necesidad de comprender su impacto en el sistema de justicia y su capacidad para influir en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
El actual Congreso ha impulsado cambios que podrían transformar la naturaleza del Estado peruano, generando preocupaciones sobre la primacía de la legalidad por encima de principios democráticos.
En su primer año, la ‘Ley Soto’, ha permitido que figuras políticas en Perú, como el expresidente del Congreso, Alejandro Soto y Vladimir Cerrón, eviten procesos judiciales, generando controversia sobre su impacto en la lucha contra la corrupción.
Aarón Rodríguez, Lima.
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