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Se le investiga por varios delitos relacionados con el cobro de comisiones y contraprestaciones ilegales por facilitar contratos con las administraciones públicas.
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar como imputado al exministro de Transportes, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y actual diputado, José Luis Ábalos, para el próximo 12 de diciembre.
Le ha citado de forma voluntaria, antes de resolver sobre la procedencia de elevar el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados, según la nota difundida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ábalos está siendo investigado en el marco de una trama que accedió a contratos públicos para proveer a distintas administraciones públicas de mascarillas en la época de la pandemia a cambio de comisiones ilícitas.
La semana siguiente deberá declarar también como investigados el empresario Víctor de Aldama, el presunto nexo corruptor de la trama, el día 16 de diciembre; y Koldo García, asesor en aquellos tiempos de Ábalos cuando era ministro, el 17 de diciembre.
El magistrado del Supremo acuerda asumir las competencias para investigar a Aldama y García, que hasta ahora recaían en otro juzgado, debido a que los hechos que pudieron haber estado cometidos relacionados de forma “directa e inescindible” de los que pudiera haber protagonizado Ábalos.
Según la exposición del magistrado, Aldama habría realizado contraprestaciones económicas, aprovechándose de su influencia sobre García y Ábalos, para lograr “para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades a ellas vinculadas”.
García, que fungía entonces como asesor del ministro, habría actuado como enlace entre la Administración y empresas privadas, es decir, entre Aldama y Ábalos.
Aldama y García continuarán siendo investigados en el juzgado central de instrucción número 2 por otros hechos no relacionados con Ábalos, como los delitos contra la Hacienda Pública o el blanqueo de capitales.
El caso de corrupción más grave del mandato de Sánchez
El caso que involucra a Ábalos es el caso más grave en lo que va del mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ábalos fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre enero de 2020 y julio de 2021, ministro de Fomento (junio de 2018-enero de 2020) y secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021.
Ábalos no está obligado a comparecer, dada su condición de aforado -antes se debería cursar el suplicatorio al Congreso-, pero ya ha anunciado su intención de hacerlo voluntariamente, según recoge Valencia Plaza.
El PSOE le suspendió de militancia y le expulsó de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, después de su negativa a dimitir de su escaño, tras la explosión del escándalo en el mes de febrero, que en un principio apuntaba directamente a su asesor, Koldo García, quien fue detenido y dio nombre al caso.
Las semanas siguientes Ábalos habló en repetidas ocasiones ante los medios asegurando su inocencia y el desconocimiento de las actividades que se le imputaban a García y dibujando un escenario en el que él estaba siendo tratado injustamente incluso por su partido político.
Las sospechas veladas se hicieron más consistentes el pasado mes de octubre, cuando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuyó un papel relevante y de responsabilidad en la trama y registró las contraprestaciones que presuntamente habría recibido de Víctor de Aldama.
Según las declaraciones de Aldama, Ábalos habría recibido 650.000 euros en metálico, mientras que según el informe de la UCO, también habría recibido por su intermediación en los contratos el disfrute de un chalet en la provincia de Cádiz y el pago del alquiler de la vivienda de lujo que disfrutaba su pareja en Madrid.
Tras el atestado de la Guardia Civil, el juez de la Audiencia Nacional que instruía la causa pidió al Supremo que investigara a Ábalos y le atribuyó la comisión de tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
