Un alto parlamentario venezolano censura la expansión de estaciones navales y aeropuertuarias de EE.UU. en puntos cercanos a Guyana para desestabilizar la región.
El presidente del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (GPVPL), Ángel Rodríguez, calificó el sábado de “intervención” la instalación de estaciones navales y aeroportuarias con fines militares por parte de EE.UU. en Guyana.
“La instalación de estas bases militares en el Caribe y la Amazonía no es solo un asunto de infraestructura; es parte de un plan más amplio que busca controlar nuestros recursos naturales y socavar la autodeterminación en la región”, enfatizó Rodríguez.
El diputado venezolano subrayó que estos movimientos, encubiertos en medidas de seguridad, solo fomentan el militarismo y la tensión en una región que debería enfocar sus esfuerzos en la cooperación y la paz.
También dijo que esta acción militar no solo representa una violación de la soberanía latinoamericana, sino que encarna una clara estrategia de intervención que busca desestabilizar la región y perpetuar el dominio imperialista.
Además, el parlamentario venezolano instó a los países latinoamericanos y a la comunidad internacional a rechazar estas intervenciones extranjeras y a fortalecer la unidad en la defensa de su territorio y autonomía. “Debemos trabajar juntos para construir un futuro en el que prevalezcan la justicia social y el respeto mutuo, lejos de las garras del imperialismo”, recalcó.
El jueves, el presidente de Venezuela advirtió de que el Comando Sur de Estados Unidos está provocando a la región caribe a través de instalar bases militares.
Venezuela y Guyana mantienen un diferendo histórico de más de 100 años por ese espacio territorial de 160 000 kilómetros cuadrados y rico en minerales estratégicos y petróleo.
Caracas reclama la soberanía del Esequibo basándose en el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966, en el cual se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia territorial que sostienen Venezuela y Guyana, que sostiene que el litigio lo debe dirimir la Corte Internacional de Justicia (CIJ) según el laudo emitido en 1899 por el Tribunal Arbitral de París.
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