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Los despidos de varios funcionarios del Departamento de Justicia son el resultado de órdenes ejecutivas que firmó el presidente en su primer día en el cargo.
Nada más entrar en el Despacho Oval como 47.º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a ejecutar su venganza contra todas aquellas personas que considera que son enemigos suyos y que forman parte de lo que él denomina ‘deep state’ (estado profundo, en español), si bien el pasado diciembre aseguró que no tiene previsto “volver al pasado”.
La nueva Administración ya ha despedido a trabajadores relacionados con los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y ahora le ha tocado el turno al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), que este lunes anunció que ha despedido a más de una docena de empleados que trabajaron en las investigaciones penales contra Trump. Los despidos corrieron a cargo del fiscal general interino, James McHenry.
Según The Washington Post, que habló con más de dos decenas de personas familiarizadas con el asunto, todos aquellos que puedan estar implicados en algunos casos relacionados con Trump intentan ahora protegerse de lo que venga: posibles investigaciones penales, inspecciones fiscales, escrutinios legislativos estatales o del Congreso y detenciones, entre otras consecuencias.
Más de la mitad de ellos admite al diario que está buscando abogado, mientras que algunos están preparando bolsas de viaje por si tuvieran que abandonar el país rápidamente. Al mismo tiempo, alrededor de una docena han hablado con sus cónyuges e hijos sobre cómo actuar si la Policía llega a sus casas.
Los empleados despedidos recibieron una carta que citaba específicamente su papel en la investigación en contra de Trump: “Usted desempeñó un papel importante en la persecución del presidente Trump”, reza la misiva, obtenida por NBC News. “El buen funcionamiento del Gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositan en sus subordinados. Dado su papel significativo en el enjuiciamiento del presidente, no creo que el liderazgo del departamento pueda confiar en usted para ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente”, se citan las palabras de McHenry.
Instrumentalización del Gobierno federal
Los despidos de varios funcionarios del DOJ son consecuencia de una de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente en su primer día en el cargo. Se trata de la denominada ‘Acabar con el uso del Gobierno federal como arma’ (‘Ending the weaponization of the Federal Government’, en inglés), que acusa la Administración del expresidente Joe Biden de ejecutar una “instrumentalización tercermundista sin precedentes del poder judicial para acabar con el proceso democrático”.
La orden invoca los procesamientos por parte de la Administración anterior de personas vinculadas al asalto del Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021 y ordena al fiscal general y al director de inteligencia nacional que “corrijan la mala conducta del pasado”.
En el caso del DOJ, en el punto de mira de Trump se encontraba el equipo legal a las órdenes del fiscal especial Jack Smith, que encabezó los casos federales contra el actual presidente por interferencia electoral y mal manejo de documentos clasificados.
Como Trump no podría ser juzgado una vez investido el 20 de enero, Smith desestimó las dos causas penales con la esperanza de que, una vez el republicano acabe el mandato, puedan volver a presentarse. Smith presentó su renuncia el pasado 12 de enero.
Durante la campaña electoral, Trump afirmó que todas las investigaciones en su contra respondían a una “caza de brujas” motivada políticamente con la que pretendían socavar su candidatura a la reelección. Sin embargo, expertos legales indican que el mandatario no debería tomar represalias hacia los funcionarios, ya que, simplemente, estaban haciendo su trabajo y, en algunos casos, fueron asignados a las investigaciones.
Más despidos y una “purga nocturna”
Por otra parte, la misma jornada, fueron despedidos tres demócratas del Consejo de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, lo que podría traducirse en un prolongado periodo de inactividad para el organismo de control independiente, reporta Bloomberg. Trump había prometido despedir a los demócratas del consejo si no dimitían antes del 24 de enero.
Además, se ha revocado la protección gubernamental asignada al exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, así como a su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y a su enviado especial para Irán, Brian Hook. Por otro lado, el mandatario estadounidense tomó la decisión de poner fin a varios privilegios de seguridad, incluidas las autorizaciones de seguridad otorgadas a 51 exfuncionarios de inteligencia.
La noche del pasado viernes, el mandatario llevó a cabo una “purga nocturna”, al despedir al menos a 15 inspectores generales de varias agencias federales. El mandatario defendió la decisión, argumentando que no conocía a los funcionarios, a pesar de que muchos de ellos fueron nombrados por él durante su primer mandato.
