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Los primeros decretos, en el marco de la declaratoria de conmoción interior, ya fueron expedidos y quedan en manos del Constitucional.
La conflictiva región del Catatumbo, en Colombia, sigue siendo el escenario de cruentos combates entre las diferentes guerrillas que operan en el país y las fuerzas de seguridad pública. Para frenar el terror, el presidente Gustavo Petro abrió otro frente, pero de ámbito judicial.
El jueves se conocieron nueve decretos, provenientes de diversos ministerios como Vivienda, Defensa o Ambiente, como parte de la conmoción interior que Petro declaró el pasado 20 de enero tras los enfrentamientos entre las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo a medios locales, cada decreto faculta al Ejecutivo para tomar todo tipo de decisiones en los municipios afectados que se sitúan en el Catatumbo durante los 90 días que dura la conmoción interior. Sin embargo, ahora tendrán que ser revisados por la Corte Constitucional.
Por ello, la prioridad del Gobierno es “blindar” los decretos constitucionalmente antes de expedirlos, para evitar que sean declarados inaplicables por la Corte, según dijeron fuentes gubernamentales a El Colombiano.
De hecho, hasta ahora solo han expedido tres decretos, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para “garantizar medios de vida y producción de alimentos, la protección de zonas agrícolas y de las cadenas productivas, así como la protección de las tierras de las personas que se desplazaron para proteger su vida en medio del actual conflicto entre grupos armados criminales”.
La polémica
En una de estas resoluciones, la 108, la mayor controversia recogida por la prensa es el artículo cuatro, que autoriza la expropiación por vía administrativa para “concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes”.
Un artículo que ha provocado molestia en sectores de la oposición. “Lo que no hemos pasado en el Congreso, ahora lo quieren hacer por conmoción interior”, afirmó la representante a la Cámara, Katherine Miranda. “Lo que está haciendo este Gobierno es normalizar la expropiación sin debido proceso. Si esto sigue así, mañana pueden justificar cualquier otra medida con argumentos vagos y sin controles”, agregó.
En respuesta, este viernes la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, le comentó al canal público Señal Colombia que “ha habido una crítica injustificada” sobre las medidas. “Tenemos que proteger las tierras para quienes están allí no sean objeto de acaparamiento o despojo”, apuntó.
“Tenemos que lograr que esos procesos de adquisición que están en curso se finiquiten para poder poner esas tierras en disposición de dos poblaciones muy importantes sujetos de especial protección constitucional: la población reincorporada a la vida civil (…) y la población víctima y objeto de desplazamiento que debe retornar”, explicó.
La posición del ELN
Mientras la discusión discurría sobre la expropiación administrativa, el primer comandante del ELN, Eliécer Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, aseveró que el mandatario colombiano “está subordinado a la doctrina militar del Pentágono de la Seguridad Nacional”.
Esto en relación con el anuncio de este viernes, de Colombia y Venezuela, de la realización de una operación militar conjunta en la frontera entre ambas naciones.
“Es Petro quien ha generado la crisis humanitaria en el Catatumbo, promoviendo y facilitando el desplazamiento masivo, con el pretexto de proteger la población civil”, afirmó en un comunicado difundido en redes. “Ahora el giro de la política gubernamental es: de la ‘paz total’ a la ‘guerra total’“, añadió.
De momento Petro no ha respondido. La mañana de este viernes indicó que con Venezuela busca “la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN”, de manera que obtengan “una frontera sin mafias”.
