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“Una organización criminal” y “una bola de gusanos”. Así describió Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras lo cual proclamó su inminente cierre.
Para fundamentar su señalamiento, Musk aludió, entre otros asuntos, al financiamiento de “armas biológicas” incluida la covid-19 (a la que tachó de tal), así como al pago de medios de comunicación para propalar “propaganda”, bajo la mampara de combatir la desinformación.
En América Latina, el papel de esta agencia es ampliamente conocido hace varias décadas. Instalada en 1961 por el presidente estadounidense John F. Kennedy, como parte de una estrategia más amplia para aumentar y mantener la influencia de Washington en la región, tiene entre sus objetivos declarados brindar “asistencia a los países que se recuperan de desastres, intentan escapar de la pobreza y emprenden reformas democráticas”. Sobre todo lo último.
De este hilo se ha colgado durante más de seis décadas la Casa Blanca para interferir en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños, particularmente en aquellos liderados por mandatarios de izquierda o en los que esa opción política tenía posibilidades serias de disputar el poder. En data contemporánea, el alegato ha tomado la forma de “fortalecimiento de la democracia”.
El eje vertebrador
Las afirmaciones de Musk sobre el papel de la prensa financiada por la USAID en la construcción de narrativas falaces, propaganda y mentiras tiene fundamento. A este respecto, el golpe de Estado perpetrado en 1973 contra el presidente socialista Salvador Allende en Chile representó un punto de inflexión en las posibilidades que otorgaba el llamado “poder blando” para preparar mentalmente a la población sobre la necesidad inminente de un cambio político, sin importar los medios para lograr esos fines.
Antes de los sablazos, buena parte de la prensa local, capitaneada por El Mercurio, tenía más de una década cargando contra Allende y sus iniciativas, aunque la situación arreció desde 1970 en adelante, cuando se exageró o se mintió sobre la situación del país y se dio cabida a voces que pedían una salida de fuerza, como puede comprobarse a partir de reconstruiones hemerográficas.
Con el paso de los años, EE.UU. se fue decantando hacia estrategias de cambio de régimen en América Latina por la vía del socavamiento de gobiernos de izquierda, a través del poder mediático y el respaldo a las oposiciones derechistas. Se presentaron como una alternativa igualmente efectiva para derrocar gobiernos calificados como hostiles y con menor costo para la imagen pública de la potencia estadounidense, como vino a demostrarse con el golpe de Estado de abril de 2002, que expulsó del poder por 47 horas al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
En esta oportunidad, la prensa jugó un papel estelar, tanto para azuzar el golpe y demonizar al mandatario y a sus seguidores, como para fabricar pretendidas noticias que hicieran justificable, al menos parcialmente, un golpe militar a la vieja usanza.
investigaciones demostraron que el golpe contra Hugo Chávez estaba auspiciado por Washington, con la participación de la USAID y otras agencias y organismos, entre ellas la ‘National Endowment for Democracy’ (NED), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el ‘Cato Institute’, el ‘International Republican Institute’ (IRI) o la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI).
Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que ese derrocamiento estaba auspiciado por Washington, con la participación de la USAID y otras agencias y organismos, entre ellas la ‘National Endowment for Democracy’ (NED), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el ‘Cato Institute’, el ‘International Republican Institute’ (IRI) o la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI).
Tras el fracaso de esta tentativa, ni la USAID ni otras instancias relacionadas dejaron de financiar a la oposición venezolana a través de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que constituyen otro pilar de la política de cambio de régimen basada en el “poder blando”. Los fondos fluyeron desde Washington desde 2002 hasta el reciente anuncio de suspensión de todos los programas de la USAID.
“La USAID ha sido señalada por financiar ONG, medios de comunicación, organizaciones sociales y partidos políticos de oposición a través de programas aparentemente apolíticos, una estrategia de penetración de la sociedad civil a través de organismos empresariales de ultraderecha, una forma de golpismo sutil”, sintetiza el narrador del documental mexicano ‘En nombre de la libertad”, en referencia a la metodología desplegada por la agencia en la región para expulsar del poder a líderes izquierdistas.
A veces opera la fachada
No siempre el llamado “golpismo sutil” viste los mismos ropajes. La estrategia estadounidense por medio del poder blando se ha mostrado versátil y capaz de propiciar golpes de Estado con apoyo institucional interno, por medio de una combinación de operaciones mediáticas, manifestaciones de calle y alianzas internas con los estamentos legislativo o judicial, según el caso.
Este ‘modus operandi’, por ejemplo, sacó del poder a Manuel Zelaya en Honduras; a Fernando Lugo en Paraguay; a Dilma Rousseff en Brasil. Pero también resultó un fiasco en la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa, en la Venezuela de Nicolás Maduro y en el México de Andrés Manuel López Obrador.
El caso mexicano resulta relevante por tres motivos: no se trataba de una administración hacia la que EE.UU. mostrara abierta hostilidad, fracasó varias veces contra la misma persona y entraron en juego los empresarios en la primera fila. Aunque en los otros países mencionados, el empresariado ha sido un aliado histórico de los intereses estadounidenses, en México ese poder ha estado jugando en la misma cancha con los grupos que antecedieron a López Obrador en el poder.
En el sexenio del exmandatario, la USAID desembolsó unos 5,1 millones de dólares para financiar a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González Guajardo, hijo de Claudio X. González Aporte, uno de los empresarios más influyentes del país. Se demostró que, entre otras cosas, González Guajardo, sostuvo reuniones privadas con políticos opositores, aunque el organismo que dirige se presentaba como apolítico y apartidista.
Empero, en el documental ‘Las fachadas del golpismo’, realizado por el canal independiente 6 de julio, se muestra que la estrategia de “golpe blando” se ensayó en diversas oportunidades contra López Obrador, primero para impedir y luego para frenar su ascenso en la carrera política.
A los pilares habituales en el accionar de la USAID, en el caso de Haití se suma la falta de transparencia de la élite política local como parte de la ecuación del manejo de los recursos destinados a las ayudas humanitarias.
Una y otra vez se apeló a los mismos recursos: descalificaciones mediáticas, difusión de mentiras sobre los alcances reales de sus propuestas, ataques judiciales e incluso, un fraude electoral en 2006. Al mismo tiempo, los partidos tradicionales y sus dirigentes eran presentados desde ópticas positivas.
Los realizadores del trabajo encontraron nexos entre algunos políticos derechistas y agencias estadounidenses como la CIA.
La gestión del caos
La USAID también ha apelado a la ayuda humanitaria para justificar la presencia estadounidense en países que han sufrido desastres naturales como Haití. Según cálculos especializados, tras el devastador sismo de 2010, el país recibió unos 13.000 millones de dólares procedentes de distintas fuentes, lo que equivale a unas cinco veces las reservas internacionales de Ecuador.
Pero esa cantidad de dinero no ha servido para mitigar una crisis política, institucional, sanitaria y social que ha devenido en crónica, agravada por la violencia de las pandillas –que controlan amplias zonas del territorio–, con los subsecuentes desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria y precariedades para acceder a la salud y la educación.
Los fondos de la USAID y otras agencias y organismos conexos han llegado al país antillano a manos de los gobiernos de turno, pero también a las más de 10.000 ONG desplegadas en ese territorio, cifra considerable, si se tiene en cuenta que en Haití residen unos 11 millones de personas.
En contraste con los países en los que priva la estrategia de cambio de régimen, la nación caribeña rara vez encabeza los titulares de la prensa internacional, pese a la gravedad de la situación interna. Lo mismo pasa con los recursos designados para la ayuda humanitaria: apenas merecen mención.
El caos circundante permite concluir que la mayor parte de esos recursos no han llegado a sus destinatarios. Así, a los pilares habituales en el accionar de la USAID, en este caso se suma la falta de transparencia de la élite política local como parte de la ecuación del manejo de los recursos destinados a las ayudas humanitarias.
También es claro que no han servido para fortalecer institucionalmente al país, que hace esfuerzos para que la administración del Consejo Transitorio, liderada por Leslie Voltaire, logre concretar a finales de este 2025 el primer llamado a elecciones desde 2021.
De lo antes dicho se desprende que, además del derrocamiento de gobiernos cuyos líderes no están alineados con EE.UU., las ayudas para “el desarrollo internacional” se emplean asimismo para establecer y sostener en el tiempo relaciones de dependencia, que en el peor caso atentan tanto contra la soberanía de una nación como un golpe de Estado perpetrado con ayuda de una mano externa.
Esta semana, el flamante gobierno de Donald Trump ha anunciado un cambio dentro de la organización, que será dirigida de manera interina por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que la agencia “se niega” a seguir los lineamientos del Departamento de Estado.
“Hay muchas funciones de la USAID que van a continuar, que van a formar parte de la política exterior estadounidense, pero tienen que estar alineadas con la política exterior estadounidense“, añadió. Aunque es pronto para aventurar hacia dónde será el viraje, el timón está en manos de uno de los ‘halcones’ de la Casa Blanca que, en su primer vuelo, se ha posado precisamente en Centroamérica.
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