En Panamá, aumentan las presiones contra los manifestantes que protestan por reformas impopulares en pensiones y seguridad social, enfrentando cargos.
En Panamá recrudecen las medidas de presión contra los manifestantes sociales, para quienes se están levantando cargos por protestar en contra de políticas antipopulares como las recientes reformas a las pensiones y la seguridad social.
Las palabras del presidente José Raúl Mulino tras la detención de unas 480 personas en medio de la protesta contra el proyecto de reforma pensional, que devino en enfrentamientos entre trabajadores de la construcción y miembros de la Policía Nacional el 12 de febrero han sido calificadas por distintos sectores como una sentencia unilateral.
Para al menos 83 personas entre los detenidos, el pasado 12 de febrero ha sido solicitada la imputación de cargos por delitos, entre los que se encuentran atentados contra el patrimonio económico, la seguridad colectiva o la libertad individual.
Pero la manipulación de este proceso ha sido la tónica señalada por la defensa, en medio de denuncias de irregularidades y obstaculización de la justicia.
La persecución, como ha sido descrita esta coyuntura desde los movimientos sociales, quienes no ven más que un intento para dejar un mensaje entre los que se opongan al proyecto de Ley 163, que continúa su discusión en segundo debate en manos de los diputados nacionales.
La audiencia continuará este martes 18 de febrero, mientras desde el sindicato de constructores, a quienes también se les han vuelto a clausurar las cuentas en instituciones bancarias estatales, evalúan un llamado a huelga para exigir la libertad de los imputados, al tiempo que se organiza una gran marcha nacional para el próximo jueves 20 donde se espera una amplia participación de organizaciones de todo el país, en rechazo de la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
John Alonso, la Ciudad de Panamá.
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