Tabla de contenido
Publicado:
El conflicto colombiano ha sido el caldo de cultivo para la conformación de compañías privadas de vigilancia que se balancean en el delgado hilo de la ilegalidad.
La muerte de uno de los criminales más buscados en Colombia ha puesto en evidencia la delgada línea que separa, y a veces une, a los servicios de vigilancia privada con las organizaciones multicrimen.
Desde hace un tiempo se ha definido a las bandas multricrimen como aquellas que se dedican a delitos como la extorsión, narcotráfico y microtráfico, control de las rutas de venta de drogas, sicariato, trata de personas y explotación sexual.
En este condensado de ilegalidad, estas empresas buscan ‘blanquear’ sus acciones delictivas a través de conformación de compañías de seguridad, incluso registradas ante los órganos supervisores, para burlar los controles y para ofrecer sus servicios.
Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X que con la muerte de Oliverio Isaza Gómez, alias ‘Terror’, “aparece un nuevo hecho de corrupción política y crimen“, pues “muchas empresas de seguridad en realidad son fachadas de bandas multicrimen”.
Uno de los más buscados
El Ministerio de Defensa afirmó en sus redes que “con el abatimiento” de alias ‘Terror’ se terminan “35 años de carrera criminal de uno de los delincuentes más buscados del país”. Esta muerte, dice el escrito, es “el golpe más contundente al Clan del Golfo tras la captura de alias ‘Otoniel'”, en 2021, quien era la cabeza de esa organización narcoparamilitar.
‘Terror’, de 50 años, era hijo de Ramón Isaza, cofundador de las desaparecidas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Antioquia). Según el Ministerio de Defensa, tenía más de 33 investigaciones abiertas: 30 por desaparición forzada, 2 por reclutamiento forzado y 1 por homicidio, además de seis sentencias en Justicia y Paz.
La captura de uno de los principales cabecillas del Clan de Golfo se hizo en el municipio de Puerto Triunfo, en Antioquia, durante la Operación Agamenón. En ella participaron la Policía, la Fiscalía y autoridades del Reino Unido y EE.UU. Tras esta acción de las autoridades se incautó un arsenal de nueve fusiles, cuatro pistolas, 42 proveedores, una granada de fragmentación y 3.550 proyectiles.
Con el abatimiento de alias ‘Terror’ ponemos fin a 35 años de carrera criminal de uno de los delincuentes más buscados del país. Además representa el golpe más contundente al Clan del Golfo tras la captura de alias ‘Otoniel’.Este criminal, hijo de Ramón Isaza, cofundador de las… pic.twitter.com/PuahG3P7ep
— Mindefensa (@mindefensa) February 24, 2025
Los medios han catalogado la muerte de Izaba Gómez como un duro golpe a las finanzas del Clan de Golfo, puesto que ‘Terror’ era el encargado del control de las rentas criminales.
En otras oportunidades, las autoridades han detectado que esa organización narcoparamilitar mantiene empresas fachadas para el lavado de rentas ilegales y para su financiación, entre las que se encuentran las compañías de seguridad, según Petro.
El jugoso negocio
En Colombia, según La Nueva Prensa, hay 500.000 integrantes de empresas privadas de seguridad, en un negocio que deja anualmente ganancias de por lo menos un billón de pesos (aproximadamente 242 millones de dólares).
En el escrito se afirma que la mayoría de estas compañías son dirigidas por organizaciones criminales y narcotraficantes, amparadas por la corrupción de los funcionarios que evaden hacer controles a cambio de contraprestaciones.
Las organizaciones criminales, además de ser financistas, también pueden ser clientes o proveedoras de estas empresas.
El campo de acción de estos grupos multicrimen, que usan empresas como fachada, va más allá de sus funciones y arropa a partidos políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y instancias judiciales, dice el artículo.
¿Cómo funcionan?
Las décadas de conflicto armado, de cárteles de droga y de paramilitarismo han sido el caldo de cultivo para el surgimiento de compañías de vigilancia, seguridad privada y mercenarios, que incluso han sido contratados en países como Venezuela y Ucrania.
Aunque en Colombia hay 1.302 empresas de vigilancia legalmente constituidas, según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, La Nueva Prensa constató que hay organizaciones privadas de este tipo que no están registradas oficialmente, por lo que se encuentran en un limbo legal. En total, en 2021, se tuvo conocimiento de la existencia de 10.000.
En una publicación de El Tiempo se afirma que tanto sicarios como criminales “posan” de pertenecer a empresas de seguridad e incluso portan carnets que los acreditan como trabajadores de ellas “para evadir los controles de las autoridades y portar armas”.
La operación de una de estas compañías fachada con la que actuaba la banda criminal ‘Los Costeños’, recoge El Heraldo, fue detectada por las autoridades de Barranquilla. En su registro hecho ante la Cámara de Comercio se afirmaba que la empresa, fundada en 2022, tenía un capital de 602 millones de pesos (aproximadamente 146.324 dólares) y que en su razón social establecía la “compra de artículos, productos e insumos” para “prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y la tranquilidad individual en lo relacionado con la vida”.
