Relatores de ONU presentan enérgica carta de protesta a Londres por el abuso de la legislación antiterrorista para perseguir a activistas y periodistas disidentes.
Según el medio The Grayzone, en diciembre de 2024, un cuarteto de relatores de la ONU entregó una contundente misiva al Gobierno británico enfocada en la reunión y la asociación pacíficas y el derecho a la privacidad.
Los relatores expresaron graves preocupaciones ante la posible “instrumentalización de las leyes antiterroristas” para detener, interrogar y vigilar a activistas y periodistas disidentes. Ante esta tesitura, exigieron claridad sobre una serie de cuestiones graves.
El Gobierno británico tenía 60 días para responder, pero permaneció en silencio.
Ante la omisión de Londres, los relatores de la ONU hicieron pública la carta el 1 de marzo.
El texto revela que los relatores se sintieron especialmente perturbados por los artículos de la Ley Antiterrorista de 2000 y la Ley Antiterrorista y de Seguridad Fronteriza de 2019, que cubren las amenazas estatales “hostiles”, “que se utilizan para examinar y obtener datos de activistas y periodistas”.
“La legislación antiterrorista se ha utilizado en múltiples ocasiones para arrestar, detener y examinar a activistas y periodistas, en particular en la frontera del Reino Unido”, denuncian en la carta.
Conforme a los relatores de la ONU, nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en [su] vida privada, familia, domicilio o correspondencia ni de ataques ilegales a [su] honor y reputación.Sin embargo, el Gobierno británico siguió intensificando su guerra contra los activistas de derechos humanos y los periodistas no alineados.
Desde que la ONU emitió su carta de protesta, un número significativo de activistas y periodistas británicos han sido arrestados, procesados, incluso han allanado sus casas, entre ellos Asa Winstanley, Tony Greenstein, Sarah Wilkinson, el cofundador de Palestine Action, Richard Bernard, y el académico David Miller, copresentador del programa semanal Palestine Declassified de Press TV.
Las nuevas leyes británicas criminalizan de manera virulenta la disidencia, la libertad legítima de expresión y la reunión y asociación pacíficas.
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