Operativo ambiental desarticula minería ilegal en zona protegida cerca a Las Líneas de Nasca

Un nuevo golpe contra la minería ilegal se llevó a cabo en el distrito de Ocaña, provincia de Lucanas (Ayacucho), donde las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) ejecutaron un operativo de interdicción que permitió intervenir varios campamentos mineros ilegales. La acción se concentró en una zona crítica cercana al área protegida de las Líneas de Nasca, considerada patrimonio cultural de la humanidad.

Los fiscales José Luis Ortecho y Danithza Valdez encabezaron esta operación, acompañados por personal policial y representantes del Ministerio de Energía y Minas, así como de la SUNAT. El despliegue logró ubicar y desmantelar estructuras ilegales usadas para la extracción de minerales, las cuales representaban una amenaza directa tanto al medio ambiente como al legado arqueológico del país.

Durante la intervención, se destruyeron cuatro socavones y tres plantas de beneficio que operaban sin autorización. Uno de los socavones y una planta estaban ubicados dentro del perímetro de protección arqueológica de las Líneas de Nasca, lo cual constituye una grave afectación a un sitio de altísimo valor histórico y cultural para el Perú y el mundo.

El operativo también permitió la incautación y posterior destrucción de una gran cantidad de equipos e insumos utilizados en la minería ilegal. Entre ellos destacan motores, generadores, mezcladoras, molinos, taladros, herramientas, paneles solares y más de 190 galones de combustible diésel. Todos estos elementos fueron eliminados conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1100.

En total, se neutralizaron 5 campamentos mineros, 8 campamentos rústicos, 18 pozas de cianuración, 3 generadores eléctricos, 2 chancadores, 30 sacos de material metálico y otros implementos destinados a la explotación ilegal de recursos. El uso de sustancias químicas peligrosas como el nitrato de amonio y la cal también fue detectado, lo cual agrava el riesgo ambiental.

Este esfuerzo conjunto evidencia el compromiso del Ministerio Público con la defensa del medio ambiente y la protección del patrimonio nacional. Las acciones de interdicción son parte de una estrategia articulada para frenar el avance de la minería ilegal en zonas ecológica y culturalmente sensibles.