La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló el lunes en un informe divulgado por la prensa local que los desplazamientos forzados de civiles a causa de la intensificación del conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército aumentó en un 7 por ciento en 2023 con respecto a igual fecha del año anterior.
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Según el texto titulado “Dinámicas de Movilidad Humana Forzada 2022-2023” en el año que cerró acaecieron 154 eventos de desplazamiento masivo forzado que afectaron a 54.665 personas frente a los 144 que impactaron en 58.269 habitantes en 2022.
En ese mismo sentido, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) denunció en fecha reciente que unas 3.000 personas habrían sido víctimas de desplazamientos forzados en la región del Pacífico durante las dos primeras semanas de enero de 2024, ante el recrudecimiento del conflicto armado interno.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, destacó que 17 departamentos colombianos sufrieron éxodos masivos, siendo Nariño, el más afectado, con 58 eventos que afectaron a 9.445 familias compuestas por 23.483 personas. A este le sigue Chocó, con 19 eventos; Valle del Cauca, con 16; Antioquia, con 15; Cauca, con 13, y Bolívar, con nueve.
Asimismo, en 2023 hubo 215 confinamientos con 18.356 familias y 66.279 personas afectadas. El aumento con respecto a 2022, con una cifra de 132 eventos, fue de un 63 por ciento en diez departamentos, liderados por el Chocó, con 124 eventos y 40.414 afectados, seguido por Putumayo (22), Nariño (21), Arauca y Valle del Cauca (13 cada uno) y Cauca, con 12.
Camargo subrayó que el 50 por ciento de los desplazamientos fue provocado por enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y lamentó que no tuviera “el impacto mediático como en otros países”, aunque es un fenómeno que sigue aumentando.
En su opinión, los desplazamientos disminuirían si se frenaran las acciones violentas de los grupos armados “como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, amenazas a líderes sociales y defensores derechos humanos y homicidios de firmantes de paz”.
El funcionario cuestionó las conversaciones del gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues opina que el cese al fuego con esos grupos ha aumentado la vulnerabilidad de los derechos humanos en el país suramericano.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la tregua ha reducido los ataques, las afectaciones, los homicidios y los heridos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la deuda sigue contrayéndose con la población civil atrapada en el fuego cruzado por las rentas ilícitas y el control territorial.
