Con balance de 178 votos a favor y 172 en contra, el Congreso español aprobó este jueves la ley de amnistía pactada por el Gobierno y los partidos independentistas catalanes, que restituirá los derechos políticos a los implicados en el proceso secesionista acontecido en 2017 en la comunidad autónoma de Cataluña.
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La ley fue aprobada con votos favorables del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (Junts). Ahora corresponde su análisis en Senado, donde la aguardarían obstáculos ya anunciados por el Partido Popular (PP).
El 6 de febrero pasado la norma salió airosa del trámite en la Comisión de Justicia, a la que regresó luego de diferencias entre el PSOE y Junts, las cuales se superaron tras acordar ambas fuerzas una enmienda. En la jornada de este jueves votaron en contra el PP, el ultraderechista Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria.
Al concluir el debate, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sentirse satisfecho, en tanto que la portavoz parlamentaria de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, manifestó: “Hemos aprobado una ley que recoge a todos los que se merecen la amnistía”.
Añadió que la aprobación de la norma es fruto “de haber trabajado todos juntos” y poner por delante el país y no a los partidos.
No se hizo esperar la reacción del líder de los independentistas catalanes, Carles Puigdemont (exiliado), quien dijo que la amnistía responde al objetivo de “superar una etapa errónea de represión judicial y policial a un movimiento político, y devolver a la política definitivamente lo que es la gestión de un conflicto de naturaleza política”.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, declaró a los medios que el Gobierno debe dimitir y celebrar elecciones.
La aprobación de la ley ocurrió luego de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, renunciara la víspera a presentar el proyecto de presupuestos 2024 , tras conocer del adelanto de elecciones en la comunidad autónoma de Cataluña, decisión forzada por el veto de los partidos al proyecto de presupuesto local para este año fiscal, según explicó el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès.
Tras esta decisión, Sánchez se inclinó por retrasar por unos meses el diálogo con las fuerzas políticas con que gobierna para lograr que salgan delante los presupuestos de 2025.
La vicepresidenta primero del Gobierno, María Jesús Montero, reconoció que el adelanto de los comicios en Cataluña modifica el tablero político por el peso que tienen los independentistas catalanes en el Gobierno de coalición.
