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El Ministerio Público ya ejecutó tres de las órdenes de aprehensión contra los elementos castrenses.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México obtuvo nuevas órdenes de detención en contra de ocho militares, señalados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que habían obtenido libertad condicional recientemente.
La orden de aprehensión ya se cumplió en tres casos. En esta oportunidad, el Ministerio Público Federal los imputará por el delito de delincuencia organizada, por sus presuntos nexos con el Cártel Guerreros Unidos, organización a la que se le atribuye la participaron directa en el caso Ayotzinapa, reseña La Jornada, que cita a defensores de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a un testigo protegido de la FGR.
“Hemos tomado la decisión, como siempre, de enfrentar las acusaciones y entregarlos nosotros voluntariamente para enfrentar los procesos”, dijo Alejandro Robledo Carretero, defensor de los militares, en declaraciones a Milenio.
El abogado señaló que las tres capturas que ya fueron ejecutadas se llevaron a cabo en el momento en que los acusados acudieron a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares.
Libertad condicional
Los uniformados habían obtenido libertad condicional la semana pasada y salieron el 24 de enero de la prisión del Campo Militar 1-A, en Ciudad de México, donde se encontraban desde junio de 2023, para enfrentar el proceso fuera de la cárcel.
Se trata de los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Su salida en libertad condicional se dio luego que la jueza Raquel Duarte Cedillo, del Segundo Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales, en Toluca, ordenara cambiar las medidas cautelares de los elementos castrenses y les pidió pagar una fianza de 50.000 pesos (2.915 dólares), entregar su pasaporte, presentarse ante el juzgado de distrito cada 15 días y les prohibió salir del país y acercarse al estado de Guerrero.
