En una reciente entrevista, la socióloga Kathe Soto reveló datos alarmantes sobre las desapariciones en la región de Ica, donde de cada diez personas reportadas como desaparecidas, cinco son niños, niñas y adolescentes. Esta información surge en el contexto de un preocupante aumento a nivel nacional, con un total de 260 desapariciones registradas en el Perú, de las cuales apenas 11 han logrado regresar a sus hogares.
Soto, quien participó en la Mesa de Trabajo con Operadores del Sistema de Protección, Desapariciones de Niños, Niñas y Mujeres a nivel Estatal, organizada por Diakonía y la Comisión de Derechos Humanos (CodehIca), resaltó la necesidad de abordar esta problemática de manera urgente y efectiva.
La experta señaló que es fundamental analizar las estrategias implementadas desde la promulgación del Decreto Legislativo 1428 en 2018. Este establece medidas específicas para combatir las desapariciones. En este sentido, destacó la responsabilidad del Ministerio del Interior, en colaboración con otros sectores como el Ministerio de la Mujer. Esto para garantizar la protección de los grupos vulnerables, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Soto hizo hincapié en la importancia de actuar rápidamente en las primeras horas tras la desaparición, desechando la idea errónea de esperar 24 o 48 horas antes de tomar medidas. Instó a la población a denunciar de inmediato. Además resaltó la necesidad de una coordinación efectiva entre los operadores de justicia, como la Fiscalía y el Poder Judicial, para agilizar la búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas.
La especialista destacó la relevancia de la alerta de emergencia. Esta debe ser activada por la Policía Nacional al recibir una denuncia o nota de alerta. La alerta incluye información esencial y fotografías de los desaparecidos, tiene un papel fundamental en la difusión y búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas.
Asimismo, Soto subrayó la importancia de la presión ejercida por las autoridades y la sociedad civil para brindar apoyo a las familias afectadas. La socióloga hizo énfasis en la necesidad de proteger a los niños y adolescentes, mencionando que en lo que va del año se han registrado 79 denuncias relacionadas con este grupo.
