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La iniciativa se trata de una actualización que se realizó también a fines de diciembre del 2021 a fin de evitar aumentos en los costos de producción agrícola y alimentos de la canasta básica.
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“A lo que nos lleva [la medida] es a mantener un statu quo, pero lo que sí se requeriría en los siguientes años es tener una metodología de evaluación, [con relación] a si las exoneraciones funcionan o no, de tal manera que si son costo-efectivas en el sentido de generar más beneficios que costos para la economía”, afirmó Carlos Casas, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico.
En esa línea, consideró que debería existir una metodología que permita discernir o tener elementos de evaluación de cada exoneración para decidir su permanencia o no.
Casas resaltó además que si la medida no se prorrogara, subiría el precio de los alimentos que son más sensibles ante este contexto, como las hortalizas y las frutas. “Esta es una medida que se ha hecho desde siempre –se puede decir– para no afectar la economía de los más pobres”, refirió.
El siguiente paso del proyecto será su presentación ante el Congreso de la República.
Especificaciones
El Apéndice I comprende una lista de productos primarios agropecuarios destinados al consumo doméstico directo (hortalizas, legumbres, menestras, frutas), insumos para el agro (abono, fertilizantes), materias primas y productos intermedios para la industria textil.
En tanto, el Apéndice II contiene, entre otros, una lista de servicios que tienen carácter social y cultural, servicios de fomento a la construcción y vivienda, del ahorro e inversión en el país y a la facilitación del comercio exterior.
En ese sentido, están considerados servicios como el transporte público de pasajeros, el transporte de carga desde el país al exterior y viceversa, el expendio de comidas y bebidas en comedores de universidades pública, o los servicios postales que brindan comunicación e interconexión de mensajería a lo largo del ámbito nacional.
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Extraído de Peru21
