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“Iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra”, afirmó Andrés Manuel López Obrador el 3 de diciembre de 2018.
A solo dos días de su asunción, el presidente se reunía con las madres y los padres de las víctimas, anunciaba la creación de una Comisión de la Verdad y les prometía, como ya lo había hecho en campaña, que haría todo lo posible para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
A partir de entonces, y durante los primeros tres años de su Gobierno, la esperanza de que por fin habría justicia se alimentó gracias al trabajo que realizaron grupos especiales nacionales e internacionales, y por la cercana y permanente relación que las autoridades establecieron con los familiares que habían sido despreciados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hubo informes, hallazgos, detenciones.
Pero en 2022 la causa dio una voltereta. Las acusaciones al Ejército representaron un límite. A partir de entonces, la investigación se empantanó. López Obrador defendió a los militares y se abrió una brecha con los familiares de los jóvenes desaparecidos, así como con sus abogados, los defensores de derechos humanos que denunciaban que las Fuerzas Armadas no querían colaborar y que no entregaban toda la información que tenían sobre el caso.
La relación ya no se recompuso. El anhelo de justicia se desvaneció. Por eso, la frustración y la impunidad rodean el décimo aniversario de una desaparición masiva que conmocionó a México y al mundo.
Tragedia
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.
Los jóvenes, que estudiaban en escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, tomaron camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la Ciudad de México, pero en la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.
En medio de la violencia y la confusión, los agresores acribillaron también un camión en el que viajaban miembros de un equipo de futbol conocido como ‘Los Avispones’. En la cacería participaron policías municipales, estatales, federales y el Ejército. El saldo fue de seis muertos. Uno de ellos se llamaba Julio César Mondragón. Estudiaba en Ayotzinapa y tenía 22 años. También hubo 25 heridos y 43 desaparecidos.
Cuando los estudiantes fueron emboscados, México ya acumulaba decenas de miles de desaparecidos, pero la indignación nacional no asomaba por ningún lado. La solidaridad internacional, tampoco.
Esa noche todo cambió. El número y perfil de las víctimas (jóvenes, pobres, futuros maestros rurales), la presencia de periodistas en la ciudad en la que ocurrió la masacre, el hartazgo por el clima de violencia extrema en varias ciudades del país y las protestas inmediatas que estallaron en México permitieron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se convirtiera en una causa global.
Las marchas para denunciar las desapariciones, ahora sí, fueron masivas. Y no solo en México. En decenas de países, miles de personas salieron a las calles para acompañar a los familiares en la demanda de aparición con vida de sus hijos. En todos los continentes se replicaron inesperadas y conmovedoras acciones de apoyo con los rostros de los estudiantes como protagonistas.
La “verdad histórica”
Cuando ocurrió la desaparición masiva, Peña Nieto estaba inmerso en una campaña de promoción que lo mostraba como un líder internacional. El “salvador de México”, como lo llegó a presentar la revista Time. Ayotzinapa echó abajo la propaganda.
En enero de 2014, en un afán de controlar la grave crisis política en la que se había convertido el caso, el entonces procurador Jesús Murillo Karam anunció la versión oficial con la que el Gobierno quería dar por cerrada la investigación.
Lo llamó “la verdad histórica”. Según esta versión, el cártel Guerreros Unidos confundió a los estudiantes con rivales de otra banda, los persiguió, los secuestro, los incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos al río San Juan. De la responsabilidad del Estado, de la participación de funcionarios de múltiples fuerzas, ni mención.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), desmintieron con pruebas científicas a las autoridades. No había cuerpos incinerados. El destino de los jóvenes seguía siendo una incógnita.
Su intervención fue fundamental para que no se cerrara el caso. Con el paso del tiempo, quedó demostrado que se habían “plantado” pruebas en el basurero y que decenas de testigos habían sido torturados para que respaldaran la versión oficial.
La tensión marcó la relación del Gobierno de Peña Nieto con el EAAF y con el GIEI, que en 2016 tuvo que suspender su trabajo en México. Y lo hizo con fuertes críticas a la forma en que se había llevado a cabo la investigación.
Volvieron en 2020, gracias al renovado clima de optimismo que generaba López Obrador, quien una y otra vez repetía su promesa de que no se ocultaría nada, que no se protegería a nadie.
Así, el GIEI se sumó al mapa burocrático creado por el Gobierno por esta causa de desaparición forzada y que incluía a la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por el fiscal Omar Gómez Trejo; y la Comisión de la Verdad (Covaj), que dirigía el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El presidente y los cancilleres Marcelo Ebrard y Alicia Bárcenas, por su parte, exigieron a Israel que extraditara a Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal acusado de haber torturado a testigos para entorpecer la investigación de Ayotzinapa. Pero siempre logró permanecer prófugo.
La “mentira histórica”
De los 43 estudiantes desaparecidos, en estos 10 años solo se han encontrados los restos de tres.
En diciembre de 2014, tres meses después de la masacre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que unos restos pertenecían a Alexander Mora Venancio (19 años). En 2015 identificaron a Jhosivani Guerrero de la Cruz (20).
En julio de 2020, la UEILCA anunció que había logrado identificar a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre (19). Sus restos estaban a 800 metros del basurero en el que, según el Gobierno de Peña Nieto, habían sido quemados. La versión oficialista quedaba destruida por completo.
“Con este nuevo hallazgo la ‘verdad histórica’ se acabó. El caso sigue abierto. Con estas acciones hacemos patente que el compromiso de justicia y verdad serán cumplidos”, afirmó Gómez Trejo.
Para entonces, López Obrador ya había pedido perdón en nombre del Estado a los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa y reconocido que se trataba de un crimen de Estado. En términos judiciales, la causa avanzó con la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alias ‘El Mochomo’, presunto líder del cártel Guerreros Unidos que está señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes.
A fines de 2021, la investigación comenzó a entorpecerse. Las presiones del Ejército llegaron a la UEILCA. “Empezaron los días incómodos, los días en los que venían funcionarios a quererte dar instrucciones“, denunció Gómez Trejo en una entrevista con el portal Quinto Elemento.
Detención y pugnas
El 18 de agosto de 2022, Encinas presentó un informe que sorprendió a los familiares, que, sin previo aviso, se enteraron de la existencia de supuestos chats en los que los criminales detallaban la violencia que habían ejercido contra los jóvenes. El funcionario no tomó la precaución de verificarlos antes de revictimizar a las madres y a los padres de Ayotzinapa.
Al día siguiente, la tensión llegó al extremo con la detención de Murillo Karam, el exprocurador autor de “la verdad histórica”.
Lo que parecía una buena noticia en el proceso de justicia, con el paso de los meses se convirtió en otro elemento de confrontación. De manera simultánea, funcionarios de la Fiscalía pidieron a los juzgados la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares, de las 83 que la UEILCA había elaborado durante meses.
Los días de Gómez Trejo al frente de la UEILCA estaban contados. El 27 de septiembre, López Obrador confirmó que había renunciado. Fue un golpe para los familiares porque, para ellos, se alejaba la posibilidad de que el caso se resolviera.
El 29 de septiembre del año pasado, el GIEI desacreditó en una conferencia de prensa los chats que había presentado Encinas. Su veracidad no estaba garantizada. La información, concluyeron, no servía para nada. Antes, ya había denunciado que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, obstaculizaba la investigación.
En protesta, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, dos de los expertos, renunciaron a un grupo en el que ya solo quedaron Ángela Buitrago y Carlos Beristain. Los dos especialistas presentaron en julio de 2023 un último informe en el que denunciaron las faltas del Ejército.
La negación de López Obrador
El GIEI, la fiscalía especializada, los familiares de las víctimas, sus abogados y los organismos de derechos humanos denunciaron de manera insistente que el Ejército se resistía a colaborar y que ocultaba expedientes, a pesar de que López Obrador les había ordenado que entregaran todos los archivos.
No obstante, el mandatario defendió la gestión de las Fuerzas Armadas. Luego de los comicios presidenciales, que ganó la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, López Obrador volvió a recibir a los familiares de los 43 para reiterarles que no se cerraría el caso. Las madres y los padres respondieron que ya no le tenían confianza.
“[López Obrador] nos dio una esperanza muy grande y bonita. Nosotros sentimos que íbamos a llegar a la verdad por una promesa, un decreto que firmó, lamentablemente no fue así pero vamos a seguir en esta lucha (…) un sabor amargo de no saber nada”, explicó Joaquina García, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, al salir de la última reunión que mantuvieron con el presidente, el pasado 27 de agosto.
La tristeza de su mirada y el llanto contenido en su voz entrecortada resumían la decepción de los familiares que hace 10 años buscan a los jóvenes de Ayotzinapa. Con López Obrador no se logró. Ahora, el reclamo será para Sheinbaum.
