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Según señalaron las autoridades, las movilizaciones fueron en su mayoría pacíficas.
Perú vivió una jornada de paro nacional convocado por diversos gremios, que demandan al Gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte medidas concretas para enfrentar a la delincuencia y eliminar las extorsiones, así como archivar proyectos legislativos con los que se pretende tipificar el delito de terrorismo urbano.
El diario La República reseñó que “miles de personas” se concentraron en el centro de Lima y en otras zonas del país para sumarse a la protesta, que aunque inicialmente fue anunciada por los transportistas, rápidamente consiguió el apoyo de comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales y universitarios.
De su parte, el Ejecutivo afirmó que la mayor parte de los trabajadores habían concurrido a sus puestos y felicitó “la conducta cívica demostrada por los manifestantes”, aunque, en decir del primer ministro Gustavo Adrianzén, se produjeron “pequeños brotes de vandalismo en algunos puntos muy concretos de la capital”.
#Lima 🚁| Agentes de la Dirección de Aviación Policial realizan patrullaje aéreo sobre varias zonas de Lima, con el objetivo de proteger y asegurar el libre desplazamiento de los ciudadanos, y brindar una respuesta rápida ante actos que amenacen la tranquilidad pública. pic.twitter.com/ShpcPRjsc1
— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 23, 2024
Sobre las alteraciones al orden público, el ministro de Interior, Juan José Santiváñez, puntualizó que en ciertos momentos las manifestaciones incluyeron la quema de cauchos y el cierre de vías.
Posteriormente, la Policía Nacional de Perú comunicó sobre la detención de nueve personas, a las que se sindica de atentar “contra la tranquilidad pública”, crear disturbios, dañar unidades de transporte y otros servicios, así como el patrimonio público.
Despliegue policial
Pese al clima pacífico en el que transcurrieron las protestas, más de 13.000 efectivos de la Policía Nacional se desplegaron en Lima, a lo que se sumaron otros 4.000 en la zona metropolitana de la capital y otros contingentes en las regiones. No obstante, en opinión de Adrianzén, estos cuerpos tuvieron un “trabajo impecable, con absoluto respeto a los derechos humanos fundamentales”.
“Esto dice que los peruanos aprendemos de las lecciones. Hemos entendido que tenemos un irrestricto derecho a la protesta, que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte garantiza de manera absoluta el derecho a la protesta“, consideró.
Finalmente, aseguró que las demandas de los gremios llamaron “a una profunda reflexión al interior del Poder Ejecutivo”, puesto que tuvieron “suficiente tiempo para analizar las razones de la movilización social”. “Hemos entendido y somos sensibles a los llamados que han hecho diferentes colectivos y gremios laborales, y estamos comprometidos a trabajar por la satisfacción de las demandas sociales que nos han sido expuestas”, completó.
