79 países del mundo han denunciado que la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de sancionar a la CPI socava el estado de derecho internacional.
“Medidas como estas aumentan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con debilitar el estado de derecho internacional, esencial para la estabilidad y seguridad global”, ha advertido los 79 países en una declaración conjunta emitida este viernes.
Esta declaración se ha publicado horas después de que Trump haya firmado una orden ejecutiva imponiendo sanciones financieras y restricciones de visado contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI) y sus familiares, alegando que el tribunal ha actuado de manera indebida contra Estados Unidos e Israel.
El documento también ha señalado que las sanciones podrían comprometer la confidencialidad de información sensible y poner en riesgo la seguridad de quienes participan en el proceso, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios del tribunal.
“Lamentamos todo intento de socavar la independencia de la Corte, su integridad y su imparcialidad (y) subrayamos su papel insustituible para acabar con la impunidad, promover el imperio de la ley fomentar el derecho duradero por los derechos humanos”, reza el texto.
En reacción a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la CPI ha reafirmado su pleno respaldo a su personal y se ha comprometido a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en cada una de las situaciones en las que actúa.
Estados Unidos e Israel están entre el reducido grupo de aproximadamente 40 regímenes que nunca ratificaron el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, con sede en los Países Bajos, cuyo objetivo es procesar a los responsables de crímenes de guerra, incluido el genocidio.
En noviembre pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de asuntos militares Yoav Gallant por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
La mayoría de los países latinoamericanos firmó la declaración, junto a varias naciones europeas como España, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y los Países Bajos, además de Canadá y Sudáfrica.
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