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Los nombres de unos 900 presuntos criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial se han mantenido en secreto desde 1986. “Muchas de las partes interesadas estaban preocupadas por las implicaciones ‘de asociar los nombres ucranianos con los nazis'”, se alegó.
Los archivos de Canadá han sido advertidos de que divulgar los nombres de los “presuntos criminales de guerra“ nazis que residen en el país podría ayudar a “la propaganda rusa” contra Ucrania, informa un reciente artículo de Globe and Mail.
La Biblioteca y Archivos de Canadá (LAC) ha recibido múltiples peticiones para desclasificar “la lista secreta” de los nombres de alrededor de 900 individuos que llegaron a Canadá después de la Segunda Guerra Mundial, “incluidos miembros de una división ucraniana de las SS“, indica el periódico, que forma parte de las organizaciones que solicitaron la publicación de esos datos.
No obstante, después de “llevar a cabo una consulta sobre la conveniencia de publicar la Parte 2 de la Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra en Canadá de 1986”, el organismo decidió posponer la divulgación. Un informe de LAC precisó que “muchas de las partes interesadas […] estaban preocupadas por las implicaciones ‘de asociar los nombres ucranianos con los nazis‘”, hecho que validaría uno de los motivos de la operación militar rusa en Ucrania.
“Les preocupaba que Rusia pudiera utilizar el informe para ‘reforzar estas acusaciones o llevar a cabo campañas de desinformación en Canadá’, lo que podría afectar el apoyo público a Ucrania“, se explica. Asimismo, “a algunas de las partes interesadas les preocupaba que la publicación del informe diera lugar a nuevas acciones legales (procesamiento penal, revocación ciudadana o de otro tipo) contra las personas nombradas en el informe”, agrega un memorando del LAC publicado por Ottawa Citizen.
Debe permanecer confidencial
En este contexto, el director ejecutivo del Congreso ucraniano canadiense, Ígor Mijalchishin, considera que la lista debería “permanecer confidencial“. “Si existen pruebas de que alguna persona cometió delitos en tiempos de guerra en Canadá, esa información debe comunicarse a las autoridades competentes para que las investiguen”, agregó.
Por su parte, Jaime Kirzner-Roberts, directora sénior de políticas y defensa de Amigos del Centro Simon Wiesenthal para Estudios del Holocausto en Canadá, aseveró que la organización directamente quedó excluida de la consulta. “Parece que el Gobierno está poniendo los deseos de los criminales de guerra por encima de los derechos de los canadienses a conocer la verdad sobre los terribles crímenes cometidos por quienes han vivido silenciosamente entre nosotros durante tantos años“, sostuvo.
A su vez, el historiador Per Anders Rudling, de la Universidad de Lund, en Suecia, que ha investigado a los miembros de la división ucraniana SS Galicia que llegaron a Canadá, manifestó que hacer públicos los archivos “es lo ético“.
