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La mandataria interina se sometió a una cirugía estética que no notificó al Congreso en 2023, como corresponde según la Constitución.
No serán las acusaciones por genocidio, ni el escándalo por los relojes de lujo o el escándalo de corrupción de su hermano, prófugo de la justicia. No. El cargo de la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, vuelve a estar al filo de la vacancia por un asunto estético: una rinoplastia que no notificó.
Esta semana, el exprimer ministro peruano Alberto Otárola confirmó que la mandataria se sometió a una cirugía estética en la nariz sin notificarla al Congreso de la República, como corresponde según la Constitución.
Aunque Otálora aseguró que Boluarte “no estuvo desatendiendo las labores que le competían al cargo” y permaneció en contacto permanente durante su reposo, la cuestión ha desatado un vendaval político porque, a grandes rasgos, se afirma que la ausencia contraviene la Carta Magna y habría implicado un ‘vacío de poder’.
¿Una confesión?
En medios locales, la noticia ha provocado pronunciamientos en el ámbito legal. Abogados constitucionalistas, como Luciano López, consideran que Otálora “ha ido a confesar” la comisión de un delito en el Congreso, refiere RPP.
En su criterio, la presidenta decidió “no informarle a nadie” sobre su cirugía estética, pasando por alto el procedimiento constitucional que, en esos casos, implica solicitar ante el Parlamento la figura de la “suspensión temporal”.
“Para decirlo en términos sencillos: es una licencia. La suspensión temporal no es una sanción, pero obliga a que el presidente de la República tenga que informarle al Parlamento“, aclaró el jurista, quien mostró su desacuerdo con las posturas que pretenden restablecerle fuelle a lo que sucedió con la mandataria.
En medio de las críticas han salido voces aliadas a la presidenta, como la de su abogado Ernesto Blume, quien calificó de “nimiedad” lo ocurrido. “Lo acontecido no incapacitaba a la presidente (sic) para el ejercicio el cargo, sino que se trataba simplemente de una intervención frecuente en las personas, dentro de su actividad cotidiana, que no impidió que continuara en el ejercicio de su función”, dijo el defensor en una entrevista.
Para López, no es la presidenta o su entorno los que deben determinar si el asunto es menor: “Es una competencia del Parlamento. El Parlamento definirá si es una nimiedad o no“, apuntó.
Vacío de poder
En su comparecencia del martes, Otálora insistió en una cuestión: que no hubo ‘vacío de poder’ porque Boluarte se habría mantenido en contacto con el gabinete durante el lapso que estuvo de recuperación.
“En este procedimiento quirúrgico, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo las labores que le competían al cargo (…) ella estuvo en permanente contacto con el suscrito”, aseguró el expremier.
La cuestión de fondo es que Boluarte no tiene primer o segundo vicepresidente, por lo tanto, varios abogados constitucionales consideran que debe notificar al Congreso sobre su situación, previendo cualquier eventualidad que pudiera provocar un vacío de poder antes, durante o después de una intervención quirúrgica.
“Alberto Otárola dice no recordar el día en que se ejecutó esta intervención. Estaríamos hablando de 8 a 10 horas que, aparentemente, dentro de preoperatorios, quirúrgicos y posoperatorios en el que estuvo en la clínica, no tuvimos presidenta de la República”, alertó el constitucionalista Juan Burgos.
Por su parte, el abogado Roberto Pereira recalcó que, ante la falta de vicepresidentes, la presidenta debe comunicar al Congreso para que califique si, efectivamente, hay situación o no “de incapacidad temporal por asuntos médicos”. En caso de que lo declare, a Boluarte debe reemplazarla el presidente del Parlamento. “Ahora entendemos por qué negaba esta asistencia médica“, agregó al respecto.
¿Y ahora qué?
El oficialismo se ha atrincherado en la posición de restarle importancia a lo sucedido, argumentando que la inconsciencia de la mandataria mientras estuvo bajo los efectos de la anestesia es equiparable al estado que tiene mientras duerme, como sostuvo Blume.
Del mismo modo, defienden la constitucionalidad del Gobierno “en remoto”, una norma que promovió la administración de Boluarte para permitirle seguir en funciones aunque saliera del país, sin dejarle su puesto a un encargado. Sin embargo, juristas como el abogado y profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Heber Joel Campos, destacan que la normativa no aplica en este caso porque la presidenta no estuvo fuera de Perú.
La última palabra sobre la cuestión queda en manos del Parlamento. En opinión de López, los congresistas podrían enfocar el tema “como un problema de vacancia” por incapacidad moral, la figura recurrente que ha provocado la salida de varios presidentes en pocos años, entre ellos Pedro Castillo, de quien Boluarte era vicepresidenta.
La polémica salida de Castillo fue la ficha clave del ascenso de Boluarte, quien decidió no nombrar vicepresidentes después de asumir la jefatura de Estado, con la promesa de convocar a unas elecciones anticipadas que nunca se celebraron y una reforma constitucional que tampoco se dio.
