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Los responsables podrían recibir penas de hasta 30 años de cárcel.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, un instrumento destinado a castigar duramente a los nacionales que pidan la imposición de medidas coercitivas unilaterales, la intervención militar o atenten de algún modo contra la seguridad, la soberanía o los intereses del país y sus habitantes.
A lo largo de 18 artículos, se plantea que quienes promuevan o le soliciten a terceros países que emprendan acciones que socaven de algún modo los intereses nacionales o atenten contra los derechos consagrados en la Constitución local, serán castigados con penas que en el peor caso podrían significar 30 años de cárcel y la exclusión permanente de beneficios procesales como el indulto o la amnistía.
Del mismo modo, quienes fueran hallados culpables de la comisión de estos delitos serán inhabilitados de forma permanente para el ejercicio de cargos públicos, no podrán presentarse como candidatos a cargos de elección popular y sus bienes serán sometidos a extinción de dominio.
Motivaciones
La ley, que adopta el nombre del máximo héroe nacional, surgió como una forma de desagravio tras la aprobación en la Cámara de Representantes de los EE.UU. de la Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela; en ingles ‘Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and Authoritarian Regime Act’, de donde surge el acrónimo Bolivar, sin tilde.
Esta iniciativa pretende “prohibir la contratación estadounidense con personas que tengan operaciones comerciales” con el Gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro, salvo autorización explícita de Washington.
La propuesta fue apoyada públicamente por la dirigente opositora María Corina Machado, quien en su cuenta de X agradeció a los congresistas estadounidenses porque “defendieron y aprobaron la Ley Bolivar” y aseguró que era “un paso para exigirle cuentas al régimen de Maduro”. Tras esto, la Fiscalía venezolana le abrió una investigación por traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir.
