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El Gobierno envió una nota a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en la que afirma que los demandantes están hostigando al país.
Tras la sentencia del año pasado contra el Estado argentino por la nacionalización de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 2012, el Gobierno de Javier Milei ha solicitado a la Justicia de Nueva York, EE.UU., que frene el proceso para evitar que los demandantes avancen con embargos de bienes del país.
Según informó este viernes el portal Todo Noticias (TN), los abogados de Argentina enviaron una nota a la jueza a cargo del juicio, Loretta Preska, en la que afirma que los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, quienes reclaman una indemnización, están hostigando al país suramericano.
Fallo contra Argentina
En abril de 2023, el tribunal norteamericano falló en contra del Estado argentino y exigió al país pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares.
Luego de esa sentencia, los demandantes dieron el primer paso en busca de concretar embargos de bienes argentinos. A ese paso inicial se le llama ‘discovery’, un procedimiento mediante el cual se le pide información al país sobre los activos que pueden integrar una lista de posibles embargos. La magistrada había autorizado ese proceso, dada la dificultad de los reclamantes de conseguir bienes del país en el exterior para confiscar efectivamente.
Por ello recurrieron a otras estrategias para demostrar que YPF y otras instituciones son ‘alter egos’ de Argentina, a fin de aplicar embargos a posesiones de la petrolera y otras entidades.
Los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park reclaman que el entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no sólo por el 51 % de la compañía, que fue lo que renacionalizó.
La sentencia de la jueza Preska exime a la petrolera de la demanda, pero no al Estado argentino, ya que considera que incumplió el contrato: “Los demandantes han demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”, señaló la magistrada.
La demanda comenzó con los exaccionistas minoritarios de YPF, luego de que el Estado argentino le pagara a la firma española Repsol 5.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la “renacionalización” de la compañía de hidrocarburos y energías renovables.