El canciller de Cuba rechaza la decisión de EE.UU. de endurecer su política contra su país, que incluye el veto a ciertas transacciones con compañías de la isla.
El viernes, en un comunicado titulado ‘Restablecimiento de una política dura Estados Unidos-Cuba’, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no solo devolvió a esa lista a las entidades ya sancionadas, sino que añadió otra, canal para el envío de remesas hacia la nación caribeña.
Al mismo tiempo, la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado anunció que en esta jornada se aprobó la reedición de la Lista de Entidades Restringidas de Cuba, para prohibir las transacciones financieras con empresas estatales de la isla y negarles recursos.
En reacción, la misma jornada y a través de las redes sociales, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas medidas de la Administración de Donald Trump y denunció que “con pretextos engañosos” se pretende “justificar lo injustificable”.
“Al igual que las medidas del 20 de enero, no existe apoyo al nuevo atropello gratuito al pueblo de Cuba”, escribió el máximo jefe de la diplomacia en el país caribeño en su cuenta de X.
Rodríguez afirmó que el endurecimiento de las medidas criminales contra el pueblo cubano provocará mayores carencias, separación y aumento de la emigración.
En su publicación, acompañada por la etiqueta #TumbaElBloqueo, el canciller cubano advirtió que el endurecimiento de las políticas contra la Isla no solo agravará la situación socioeconómica en el país, sino que constituye un nuevo acto provocador para promover escenarios de confrontación irresponsables, con fines contrarios a los proclamados.
El pasado 20 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, invalidó la orden emitida por su predecesor, Joe Biden, que había retirado a Cuba de la lista de naciones que supuestamente fomentan el terrorismo. La acción, tomada en las primeras horas de su gestión, deshizo uno de los últimos actos de la administración saliente.
Al respecto, las autoridades cubanas denunciaron que en realidad se trata de imponer medidas de guerra económica contra el país caribeño, para atentar contra la soberanía y el bienestar de la nación.
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