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El Estado colombiano admitió su responsabilidad por la ejecución extrajudicial del excandidato presidencial y exlíder del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19), Carlos Pizarro León Gómez, el 26 de abril de 1990.
“Se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro León Gómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado, particularmente, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que, entre otras cosas, eran responsables de protegerlo”, explicó el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, en una audiencia de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, y de la que se hace eco la prensa colombiana.
Pizarro fue el máximo comandante y cofundador del M-19. Cuando se desmovilizó de la lucha guerrillera, el 8 de marzo de 1990, tras firmar el Acuerdo de Paz con el presidente Virgilio Barco (1986-1990), él y los demás integrantes del grupo insurgente transformaron el Movimiento en una organización de izquierda con fines políticos, que se denominó Alianza Democrática M-19. Menos de dos meses después del acuerdo, el líder fue asesinado.
