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“La postura un tanto infantil de los absolutistas libertarios es que no debería haber límites a la libertad de expresión”, estimó John Thornhill en su nota para FT.
La empresa de mensajería Telegram, cuyo jefe, Pável Dúrov, ahora se encuentra bajo supervisión judicial en Francia, no ve diferencia entre las restricciones de los regímenes autocráticos y las “legítimas” de los países democráticos. Así lo escribió el jueves el periodista John Thornhill en una nota de opinión para The Financial Times.
“Telegram no parece distinguir entre las demandas amenazantes de los regímenes autocráticos y las solicitudes legítimas de las autoridades policiales en los países democráticos”, escribió Thornhill.
Asimismo, el periodista criticó el comentario de Telegram acerca de la situación. Según la compañía, es “absurdo” afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de la misma. “La postura un tanto infantil de los absolutistas libertarios es que no debería haber límites a la libertad de expresión”, estimó.
“Una sociedad libre no se trata solo de libertad de expresión. También gira en torno al cumplimiento de las leyes y la protección de otros valiosos derechos humanos. Las democracias pueden ser caóticas, pero son los mejores mecanismos que conocemos para decidir entre estas libertades y derechos”, expuso el autor del medio.
Según el columnista de FT, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de aplicación de la ley están “cada vez más preocupadas por los usos nefastos de Telegram, que afirman que se ha convertido en la nueva ‘red oscura'”.
Dúrov fue acusado de seis delitos, entre ellos no cooperar con las autoridades y complicidad en la distribución tanto de pornografía infantil como de tráfico de drogas, y se enfrenta ahora a hasta 10 años de cárcel. Fue puesto en libertad bajo supervisión judicial y se le ordenó presentarse dos veces por semana en la comisaría.
¿Se tragarán sus lenguas?
En el mismo contexto, la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, recordó el sábado pasado que cuando en el 2018 la Justicia rusa ordenó bloquear Telegram por denuncias legislativas debido a los parámetros técnicos del sistema de cifrado, un grupo de 26 ONG, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y otras, condenaron esa decisión.
“Estas ONG occidentales pidieron a las autoridades rusas que dejaran de poner obstáculos al trabajo de Telegram. Pidieron a la ONU, al Consejo de Europa, la OSCE, la Unión Europea, EE.UU. y los gobiernos de otros países que se opusieran a las acciones de Rusia y protegieran los derechos fundamentales de libertad de expresión y privacidad“, comentó la vocera. “¿Creen que esta vez harán llamamientos a París y exigirán la liberación de Dúrov o se tragarán sus lenguas?”, señaló.
