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Desde los movimientos sociales denuncian que la “estructura criminal” que ideó el crimen sigue “en la impunidad”.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias para siete de los ocho hombres condenados por el asesinato de la activista ambiental, Berta Cáceres, perpetrado en marzo de 2016.
“Tantos años de espera, tantas formas de dolor que se transitan en la espera de una justicia que en el proceso de construcción arranca pedacitos del alma. Hoy se han confirmado la sentencias para 7 de los 8 asesinos enjuiciados en el caso de mi mami, Berta Cáceres”, escribió en redes sociales la hija de la activista, Laura Zúñiga.
Tantos años de espera, tantas formas de dolor que se transitan en la espera de una justicia que en el proceso de construcción arranca pedacitos del alma. Hoy se han confirmado la sentencias para 7 de los 8 asesinos enjuiciados en el caso de mi mami, Berta Cáceres. pic.twitter.com/9L9Miy0gJI
— Laura Zuniga (@laurizunigac) November 25, 2024
Los condenados por el crimen son David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte, precisó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En el caso de Castillo, la justicia hondureña decidió quitarle los agravantes, “lo que implica una reducción de condena“, destacó Zúñiga en su publicación, tras agradecer a los activistas que acompañaron la petición el caso. El octavo implicado, cuya sentencia no ha sido ratificada, es Sergio Rodríguez. Su expediente ahora pasará a la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación.
¿Impunidad?
Pese al fallo, el Copinh consideró que no se ha hecho justicia, en vista de que no hay condenas para los integrantes de la familia Atala, dueños de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco y una de las razones del activismo de Cáceres, así como propietarios del Banco de América Central Honduras.
Los Atala, además, son señalados por organizaciones sociales como parte de la “estructura criminal” que estuvo detrás de la planificación del asesinato de la defensora ambiental. De hecho, en su comunicado, el Copinh afirmó que el dictamen de la justicia desvela la existencia de ese presunto entramado, “cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad”.
En esa línea también se pronunció Zúñiga, quien aseveró que la sentencia “se da entre fuertes maniobras de impunidad orquestadas por miembros de la familia Atala que han interferido en todo el proceso”.
“Para Berta, ¡toda la Verdad y toda la Justicia! ¡Faltan los Atalas!”, remarcó la hija de la activista, que acompañó su publicación con una foto de su madre.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, mientras dormía en su casa en la Residencial El Líbano en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La activista, con el Copinh, enfrentó durante años a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y su proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’, que impactaba al río Gualcarque, indispensable para la supervivencia del pueblo indígena lenca.
En abril de este año, el Banco Central de Honduras (BCH) informó en un comunicado que la imagen de la activista medioambiental figurará en el billete de 200 lempiras y será la primera mujer que figure en el cono monetario de la nación centroamericana.
