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El alto tribunal declaró el “incumplimiento general” del componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor que se paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La Corte Constitucional de Colombia tomó una importante decisión en materia de sanidad en el país suramericano, concretamente sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que paga el Ministerio de Salud a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por el aseguramiento de cada colombiano, con el que se financian la mayoría de servicios y tecnologías en la materia.
Específicamente, el alto tribunal declaró el “incumplimiento general” del componente de suficiencia de la UPC y la insuficiencia del valor fijado para esta unidad en 2024. En otras palabras, el incremento para el año pasado fue insuficiente, es decir, que no alcanzaba para cubrir la demanda de atención en salud que tuvieron las EPS.
Por tanto, le ordenó al Ministerio de Salud del Gobierno de Gustavo Petro crear un mecanismo de reajuste que deberá aplicar tanto para 2024 como para 2025, en un plazo no mayor a 10 días a partir de la notificación de la decisión.
“La Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables”, dice la decisión; y se agrega que es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas, y las inclusiones y el rezago existente en su valor.
En detalle, la Corte le pide a la cartera de Estado crear una mesa de trabajo con participación de diferentes entidades y actores del sector salud, cuyo objetivo principal es revisar la UPC de 2024.
Asimismo, se deberá reajustar la metodología de cálculo de la UPC de las próximas vigencias, incluida la de 2025.
En la decisión, el tribunal también le ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizar los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla con los mandatos dados.
Por otro lado, en la decisión se indica que el Ministerio ha alegado un uso indebido de la UPC, pero no entrega las pruebas de esto para que se inicien las investigaciones correspondientes.
Decisión previa
Esta nueva decisión se conoce a una semana de que la Corte Constitucional abriera un incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por no cumplir órdenes que el alto tribunal había dictado acerca de pagos en la nación suramericana.
En su anterior resolución, el tribunal señaló que, entre otras cosas, Jaramillo había incumplido con órdenes que se le dieron en el 2023, como girar los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos —valores que paga el Gobierno a las EPS para que financien servicios que se encuentran dentro del Plan de Beneficios en Salud— de la vigencia del 2022; a pesar de que en 2023 pasado se autorizó que esos fondos sean desembolsados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024.
