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El máximo tribunal del país rechazó un planteo de la líder peronista, que había sido sobreseída en la investigación.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJN) confirmó este jueves la elevación a juicio oral de la causa que enfrenta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán, por presunto encubrimiento y abuso de autoridad.
Según informó el portal Todo Noticias (TN), los miembros del máximo tribunal resolvieron por unanimidad que la líder peronista sea nuevamente juzgada por el caso que investiga un supuesto acuerdo de impunidad con las autoridades iraníes, en el marco de la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.
En 2021, el Tribunal Oral Federal 8, que preparaba el juicio oral, emitió un fallo de 387 carillas en el que sobreseyó a todos los imputados, entre ellos varios funcionarios del kirchnerismo, por “inexistencia de delito”. En total, siete instancias judiciales consideraron que el caso debía ser archivado por la misma razón.
La causa por la firma del memorándum con Irán se inició por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. En la acusación, Nisman planteaba que el Gobierno había negociado la baja de las alertas rojas de detención de Interpol de los cinco iraníes acusados por el ataque con un coche bomba, en el que murieron 85 personas.
Cuatro días después, Nisman fue hallado muerto en su departamento, en un aparente caso de suicidio que develó vínculos con los servicios de inteligencia.
El memorando de entendimiento con Irán, acordado en 2013, buscaba formar la llamada Comisión de la Verdad para investigar el atentado e interrogar a varias exautoridades iraníes acusadas por el ataque, con la presencia de abogados de varios países. Pero nunca se efectuó y finalmente fue declarado inconstitucional en 2014.
Dólar futuro
En otro fallo dado a conocer este jueves, la Corte Suprema de Argentina confirmó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa conocida como ‘Dólar futuro’.
En ese expediente, la expresidenta fue acusada del delito de presunta administración fraudulenta por la venta anticipada de la divisa realizada por el estatal Banco Central en 2015, durante su último año como mandataria.
La investigación la había iniciado el fallecido juez federal Claudio Bonadio, que había calificado la venta de dólares en el mercado de futuros a un precio bajo como “administración infiel con perjuicio al Estado”, ya que requería el pago de una gran cantidad de dinero de diferencia a los compradores.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal consideró que había “inexistencia de delito”, ya que la maniobra investigada respondió a una cuestión política y no delictiva, y además el Banco Central es una institución autónoma y no depende del presidente.
