Aunque la medida de toque de queda para menores pretende ser una contención al incremento de delito en regiones puntuales de Panamá, ha sido considerada como discriminatoria por distintos sectores.
Especialistas de las ciencias sociales y dirigentes de organizaciones populares han reaccionado ante la medida anunciada por el presidente José Raúl Mulino de implementar un toque de queda en las provincias de Colón y Bocas del Toro, al igual que en el distrito de San Miguelito en la ciudad capital.
La decisión responde al incremento en los índices de delincuencia y criminalidad; al menos en el recién finalizado mes de agosto se registraron 51 homicidios de los casi 400 que se han cometido en lo que va de 2024 involucrando a víctimas que oscilan entre los 18 y 24 años, generalmente relacionados a grupos delictivos.
Sin embargo, el uso de la fuerza represiva, aunque podría arrojar resultados a corto plazo, ha demostrado no ser una medida efectiva a través del tiempo.
Así lo observan desde los sectores populares, donde también perciben indicios de discriminación, al menos lo ejemplifican con un caso puntual cuyos videos corrieron en redes sociales el último fin de semana.
Por ahora la medida está dirigida a los menores de edad, aunque el presidente indicó que no escatimaría en reforzarla durante los próximos días.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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