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De acuerdo con la abogada Dominique Dávila, la resolución en la que sancionan a la funcionaria “falta a la verdad procesal” y está hecha con “deslealtad”.
La defensa de Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador que fue suspendida del cargo temporalmente, pidió a la Asamblea Nacional del país suramericano que fiscalice a la Presidencia de la República por el polémico proceso en su contra.
Los abogados buscan que se pueda fiscalizar al Ejecutivo por el sumario administrativo que le fue abierto por el Ministerio de Trabajo, que terminó con su suspensión por 150 días sin remuneración.
“Hemos solicitado a la Asamblea Nacional (que) se nos den las garantías para que el país conozca la verdad de lo que sucedió en la audiencia de sumario administrativo contra la vicepresidenta y se coteje con la resolución que tenemos y en la que sancionan a la señora vicepresidenta, que no hay nada de lo que pasó ahí”, dijo Dominique Dávila, abogada de Abad.
🔴 #ATENCIÓN | “Hemos solicitado a la Asamblea Nacional que se nos den las garantías para que el país conozca la verdad de lo que sucedió en la audiencia de sumario administrativo”, señala la abogada de Verónica Abad, Dominique Dávila, quien afirma que la resolución falta a la… pic.twitter.com/tRBOKr7PEi
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) November 11, 2024
De acuerdo con la abogada, la resolución “falta a la verdad procesal” y está hecha con “deslealtad”.
La letrada recordó que previamente habían pedido al Parlamento fiscalizar a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y a la titular de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.
“Falta grave”
Según el Ministerio de Trabajo, la “falta grave” que ameritó la sanción a Abad fue “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos”. En concreto, se determinó que la funcionaria incumplió la disposición presidencial que ordenaba su traslado de Israel a Turquía en un plazo establecido, en septiembre pasado.
Abad debía estar en Turquía, por disposición presidencial, el 1 de septiembre, pero lo hizo el 9, dejando sin justificación sus actividades de los días 2 al 6 de ese mes.
El período de la sanción coincide con el lapso de la campaña electoral para las elecciones presidenciales en Ecuador, en las que el presidente Daniel Noboa aspira a la reelección. La Constitución ecuatoriana lo obliga a pedir licencia para realizar sus actos proselitistas, encargando la Presidencia durante ese tiempo a quien ocupe la titularidad de la Vicepresidencia.
“Sin prueba alguna”
Ante lo ocurrido, Abad denunció que se trató de “una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”, luego de “tantos ataques” ejecutados por parte de “Noboa, sus ministros y su círculo cercano”.
Agregó que la resolución para suspenderla se hizo con base en “una falta no cometida y sin prueba alguna”, con el presunto objetivo de impedir que asuma la Presidencia durante la campaña para la reelección del presidente.
Por su parte, Noboa ya designó a la vicepresidenta encargada y sustituta de Abad. Se trata de Sariha Belén Moya Angulo, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Asimismo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, informó que Moya ya cuenta con seguridad presidencial, según cita Primicias; y que la Casa Militar estaba realizando los trámites para retirar la protección a Abad, aunque posteriormente la institución lo desmintió, señalando que la cobertura continuará.
Damián Armijos, también abogado de Abad, comentó este lunes a la prensa que el sumario administrativo contra la funcionaria “todavía no ha terminado”, porque quedan pendientes el ejercicio de algunos recursos; por tanto, proceder con la designación de una nueva vicepresidenta sería “otro abuso” constitucional.
Además, informó que han acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar “medida cautelar” en favor de Abad.
