Defensor de la “causa de la libertad” y detractor de protestas: el perfil del nuevo premier de Perú

Publicado:
6 mar 2024 23:36 GMT

Reacciones diversas generó el nombramiento de Gustavo Adrianzén, quien se desempeñaba como representante peruano ante la OEA.

Gustavo Adrianzén, actual embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue designado este miércoles por la presidenta peruana Dina Boluarte como el nuevo jefe del Consejo de Ministros, en sustitución de Alberto Otárola.

Desde la noche del domingo pasado, cuando se propaló un audio comprometedor, múltiples figuras solicitaban la salida de Otárola, quien fue la mano derecha de Boluarte desde diciembre de 2022, cuando la exvicepresidenta asumió el cargo.

Adrianzén es abogado y en 2005 fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016). Su nombramiento ya provocó diversas reacciones, que incluyen recordatorios de su historial.

Polémica

Lo más sonado fue su intervención en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., efectuada en noviembre del año pasado, cuando abordaban los avances en las investigaciones por las 67 muertes en protestas antigubernamentales.

Meses antes la CIDH había publicado unas recomendaciones para el Estado peruano luego de la controversial actuación de militares y policías en la represión de manifestaciones. En ese contexto, unas personas increparon a Adrianzén por lo ocurrido y su reacción fue virulenta.

“Exigimos que se llame al orden, el Estado peruano no puede permitir esta presentación“, pidió a la segunda vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke. “Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes”, agregó.

Para la congresista Ruth Luque, Adrianzén tiene semejanzas con su predecesor.

“Claramente, tanto a Adrianzén, Otárola y Boluarte los une no asumir ninguna responsabilidad política en las graves muertes y heridos”, aseguró en X.

Mientras que el columnista Augusto Townsend consideró que el principal criterio para su juramentación sería “darle tranquilidad” a Boluarte y a Otárola de que “todavía tendrá al lado a alguien que la defenderá frente a casos en que se le atribuye responsabilidad”.

Tanto la mandataria como el ex primer ministro están investigados por los decesos desde noviembre de 2023, cuando la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República por dichos fallecimientos.

Más sobre protestas

Esa no fue la primera ocasión en la que el funcionario se pronunció en el marco de una manifestación antigubernamental. En 2015, en plena ebullición contra el proyecto minero Tía María, arremetió contra manifestantes.

Reaccionando a la muerte de un brigadier, en una entrevista con el local Canal N, criticó la “demencia criminal” organizada y dirigida por “verdaderos delincuentes”.

“Han sorprendido a los pobladores y agricultores, los han levantado en contra del Estado peruano, en contra de nuestra Policía Nacional y los han llevado a cometer este acto criminal“, agregó.

El conflicto de Tía María, en la provincia de Islay, duró varios días y dejó al menos cinco muertes. Fue una protesta impulsada, entre otra cosas, por el desprecio de la población local hacia la compañía extractiva Southern Copper.

Sobre los Fujimori

A mediados de 2021, cuando la nación andina decidió en la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo —quien a la postre fue elegido—, el diplomático hizo público en redes su voto.

“He sido perseguido políticamente por el fujimorismo (…) sin embargo, la causa de la libertad, la que ha inspirado siempre mi conducta profesional y personal, hoy me obliga a hacer un acto de fe“, dijo en junio de ese año, cuando le expresó a la entonces candidata su “voto vigilante”.

Mientras que el mes pasado, como representante del Perú ante la OEA, defendió el indulto que el Estado peruano le otorgó al exmandatario Alberto Fujimori, quien fue excarcelado en diciembre de 2023 pese a cumplir condena por graves violaciones a los derechos humanos.

La liberación de Fujimori fue repudiada por la CIDH y, al respecto, Adrianzén respondió que “no se pueden oponer al indulto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque el indulto es una facultad presidencial”.

“Adrianzén cumple los requisitos para ser el premier que Boluarte y la derecha congresal necesitan: defiende el ilegal indulto a Fujimori y sostiene que los asesinados en las protestas son los culpables de su muerte por violentistas. ¡Habemus premier proimpunidad!“, aseveró el congresista Alex Flores.

Respaldo conservador

En efecto, el sector de la derecha en el Congreso alabó este cambio, pero lamentó que haya sido la única modificación en el gabinete.

“Saludo la designación de Gustavo Adrianzén como nuevo premier, ojalá pueda corregir y replantear la política del Gobierno. Lástima que se haya ratificado a todos los ministros. Interior y Mujer debieron ser cambiados”, opinó el legislador Alejandro Muñante.

Por su parte, el general del Ejército retirado, Otto Guibovich, aseguró que su “defensa del Estado peruano en el exterior demostró que el Perú está por sobre todo”.

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